SACERDOTE TERRUQUEADO POR DAR SU OPINIÓN

Mientras los jerarcas de la iglesia católica se muestran al servicio de los grupos de poder, surgen voces de sacerdotes que se solidarizan con el pueblo. Es el caso del sacerdote Luis Humberto Béjar.

Como todo grupo social, en la iglesia también se manifiesta la repercusión de la lucha que vive el país y, mientras por un lado se permitía un discurso político contra el presidente Pedro Castillo, por otro se obliga a un sacerdote a renunciar por el hecho de hablar en favor de los peruanos que participan en las movilizaciones.

Luego de condenar y manifestarse en contra del asesinato de más de 40 manifestantes (ahora ya 60) en las protestas que se desarrollan en el Perú y señalar que la solución era la renuncia de Dina Boluarte, el sacerdote argentino Luis Humberto Béjar fue “retirado” de la parroquia del distrito de Pucará, en la región Puno. La prensa adicta a la dictadura justificó el hecho aduciendo de que “no se podía entrometer en política”.

El obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión, dirigió una carta a Béjar, solicitándole que presente su renuncia a la parroquia de Pucará y tome un “tiempo de descanso”. En dicha carta el obispo puneño señaló: “A esta hora, el tema ha trascendido en diversas instancias eclesiales, políticas, estatales y están pidiendo la intervención de la Iglesia respecto a sus manifestaciones vertidas en video […] Su imprudencia está causando grave daño a la Iglesia y crece un sentimiento en contra suya, sobre todo, por ser usted extranjero, que lo identifican ellos como terrorista”.

Sacerdote Luis Humberto Béjar: “Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas”

Producto de tal medida el sacerdote Bejar arribó el reciente lunes a la Argentina, provincia de La Pampa, donde al ser entrevistado reafirmó sus planteamientos a favor del adelanto de elecciones y la sanción de una nueva Constitución, calificando a los grupos de poder como nefastos. Dijo: “Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas” (refiriéndose a los asesinatos perpetrados por la dictadura de Boluarte y la ultraderecha, en la ciudad de Juliaca).

Si el problema era el pronunciamiento político, no pasó lo mismo con el sacerdote de la Tablada de Lurín, Omar Sánchez Portillo, quien nunca dejó de pronunciarse contra el gobierno de Pedro Castillo, tanto en sus misas como en entrevistas a la llamada prensa mermelera. Insistía en “la renuncia de Castillo”, en que “el comunismo es enemigo de la iglesia y del pueblo” y que “como ciudadano tenía todo el derecho de pronunciarse”. Obviamente este sacerdote sigue en funciones.

 

CONSEJO INTERRELIGIOSO DEL PERÚ DESMIENTE A DINA BOLUARTE

La usurpadora Bolouarte en su desesperación por desprestigiar la lucha del pueblo peruano pretendió usar al Consejo Interreligioso del Perú, pero recibió pronta respuesta dejando al desnudo su burda mentira.

El martes 17, cuando visitaba el establecimiento de Essalud de Jesús María, un grupo de pacientes se percataron de su llegada y se acercaron al vehículo gritándole: ¡Asesina!, ¡Asesina! Al salir, Boluarte señaló a los medios de prensa ultraderechistas —ahora sí complacientes— que un día antes se había reunido con el Consejo Interreligioso del Perú, y que ahí le habían manifestado que en las comunidades las personas estaban siendo “chantajeadas y coaccionadas porque les dicen que si no vas a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles, si no vas a marchar te vamos a cortar el suministro de agua… o te vamos a incendiar tu casa”.

 

La respuesta del Consejo Interreligioso del Perú no se hizo esperar: el jueves mediante nota de prensa titulada “Consejo Interreligioso lamenta declaraciones de presidenta Dina Boluarte sobre comunidades coaccionadas” desmintieron las afirmaciones de la señora Boluarte, señalando que, en relación a las afirmaciones de que las comunidades estaban siendo coaccionadas para participar en las protestas, el Consejo “no brindó esta información en la reunión protocolar que sostuvieron —y que por el contrario hicieron llegar una carta a la señora Boluarte en la que pidieron— detener la violencia y adelantar las elecciones”.

Otra maquinación más al descubierto.