Escribe: Braulio Morante
Viernes, 03 de Setiembre del 2021
Que La República encabece la ofensiva para traerse abajo al ministro de Trabajo Iber Maraví, no nos sorprende. Y que Vladimir Cerrón crea pertinente retirar al ministro, tampoco.

Desde que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta, el diario La República ha sido uno de los arietes, muchas veces jugando en pared con la derecha extrema, para que el presidente siga los pasos de Ollanta Humala. Es decir, firme una renovada hoja de ruta e introduzca en el gobierno a personajes del ala caviar, única garantía —según ellos por tratarse de la izquierda democrática y más preparada— de gobernabilidad. Hoy prosigue en sus propósitos, proveyendo de supuestos argumentos al plan golpista en marcha.

Con la intención de terruquear a Iber Maraví y justificar su cambio —y como parte de sus constantes ataques y presiones al gobierno—, uno de sus periodistas de investigación, Ángel Páez, ha recurrido a expedientes de hace más de cuarenta años para pretender fundamentar su pertenencia al PCP-Sendero Luminoso, algo que ni la misma justicia logró demostrar en su momento. Es decir, los supuestos demócratas, resultan más montoyistas que el marino Montoya.

Sobre los atestados, podemos decir:

1. En el contexto de los 80, con la insurgencia armada, muchas regiones del Perú se encontraban en estado de emergencia, con las garantías personales suprimidas, y diversas poblaciones soportaban la represión de las FF.AA que se concretaba en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, bombardeo de pueblos, etc. Ayacucho era el epicentro de la violencia.

2. Era práctica común de las FF.AA y policiales torturar a los detenidos para obtener confesiones, de hechos reales o inventados. Así resultaron comprometidos muchos ciudadanos que en los mejores casos lograban ante el poder judicial probar su inocencia, pero que en su mayoría iban a parar a prisiones. Esta realidad la registró la comisión del padre Hubert Lanssiers, creada en el mismo gobierno de Alberto Fujimori, cuando cientos de arrepentidos inculparon a otros ciudadanos para salvarse.

3. Era usual entre los subversivos usar un pseudónimo y ocultar su nombre verdadero. En los dos atestados que difunde La República los acusadores conocen a detalle el nombre completo de sus supuestos ex camaradas. Además, Juan Alarcón Gutiérrez imputa a Iber Maraví de ser responsable de la zona norte de Ayacucho, mientras que Alfredo Silvera Flores le acusa de ser responsable de la zona sur. Paradójicamente, este último fallece en un enfrentamiento cuando, como parte de un contingente, pretende destruir la Hacienda Aysarca.

4. Los caviares y la derecha extrema continúan echando manos de hechos ocurridos en el Perú en los años 80 y 90 con fines políticos, porque si verdaderamente dicen servir a los intereses nacionales deberían promover el esclarecimiento de la verdad, y asumir las responsabilidades que les compete, autocríticamente.

Por otro lado, así como Vladimir Cerrón fue el primero en bajarle el dedo al canciller Héctor Béjar —en los hechos, a través del pedido de renuncia que le hiciera Guido Bellido—, ahora pretende que Maraví se retire. No estamos de acuerdo, respaldamos a Maraví quien tiene todo el derecho a defenderse. No nos sorprenda, finalmente, que Cerrón acuse de traición al Ejecutivo si es que Maraví es reemplazado por alguien que no sea de su agrado, aun dentro de una línea popular.

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