Desconcierto entre los golpistas

PREMIER ANÍBAL TORRES PRESENTA LA PRIMERA CUESTIÓN DE CONFIANZA

El Ejecutivo, a través del premier Aníbal Torres, presentó su primera cuestión de confianza para la aprobación de un PL que deroga la Ley 31399, la cual limita el derecho de participación ciudadana vía referéndum

«El motivo por el que estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley solicitado hoy día, que deroga la Ley 31399, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional (…) que denominaré proyecto de ley anti referéndum y respecto de la cual planteo cuestión de confianza», dijo el premier ante el Pleno este jueves 17 de noviembre.

Previamente, había entregado en mesa de partes el texto del “Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo”.

Torres precisó que la ley que el Ejecutivo solicita derogar es «ordinaria» y no «constitucional», pues para derogar o modificar la Constitución se debe aprobar «observando el proceso señalado en el artículo 206 de la Constitución».

En efecto, la Constitución vigente sostiene en tal artículo: “Toda reforma constitucional debe de ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”.

La otra alternativa contemplada en ese mismo artículo, sin que sea necesario el referéndum, es que se apruebe en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con votación superior a los dos tercios (87 votos). La Ley Antireferéndum no cumplió ninguno de los requisitos. Y, no obstante, fue legitimada por el anterior Tribunal Constitucional.

A ese respecto, Torres sostuvo: «También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional declaró o no constitucional, el hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas».

El premier advirtió que “de mantenerse la vigencia de la citada ley se generaría un serio impedimento para consolidar este derecho ciudadano, de allí la necesidad de expulsar del ordenamiento jurídico esta norma, volviendo las cosas al estatus anterior, en el cual era posible ejercer el derecho al referéndum sin restricciones, con lo cual se cumplía uno de los fundamentos de todo sistema democrático, permitiendo que el pueblo, de manera soberana, se pronuncie en el ámbito de los asuntos públicos”.

Para diversos analistas, tal movida política del Ejecutivo, expone en toda su dimensión el perfil del Congreso, cuando se ha activado la Carta Democrática y una comisión de la OEA se hará presente en el Perú los próximos días. El premier Torres fue enfático en señalar que el objetivo no es el cierre del Congreso.

Pero, al mismo tiempo, el titular de la PCM señaló que la cuestión de confianza es una competencia y un mecanismo de control político propio del Ejecutivo, tal como se desprende del artículo 133° de la Constitución, por lo que la presentación de la cuestión de confianza se encuentra constitucional y legalmente habilitada. Dos cuestiones de confianza denegadas, posibilitan de manera automática, el cierre del Congreso.

Torres exhortó al Congreso a restablecer el equilibrio de poderes y trabajar conjuntamente “con el único propósito de facilitar la gobernabilidad en beneficio de toda la población, en especial, en beneficio de los más pobres”. “Nosotros queremos la gobernabilidad, nosotros somos democráticos, nosotros respetamos la voluntad popular, el pueblo eligió a los congresistas y al presidente de la República por cinco años y eso se debe cumplir”, manifestó.

Advirtió que si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Parlamento hubiera presentado dos o tres proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de los mismos, «porque nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente». Torres venía siendo criticado, desde el movimiento popular, por no haber activado ese mecanismo a fin de poner en vereda a los golpistas.

El premier fue enfático en que se busca restablecer una facultad del pueblo como poder constituyente, “y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano». Aun así, los congresistas de las bancadas vacadoras y otros, no pudieron ocultar su preocupación por las consecuencias de rechazar una primera cuestión de confianza y abrir así el camino para un cierre del Legislativo.

Tras la presentación del premier, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, suspendió la sesión del Pleno hasta las 3:00 p.m. Los congresistas habitualmente confrontados contra el Gobierno, esta vez parecían no saber qué hacer, más allá de las posturas individuales que pedían declarar improcedente el pedido.

Williams anunció que la Mesa Directiva evalúa la decisión sobre el trámite de la cuestión de confianza planteada por el premier, y aclaró que “estamos en los plazos que corresponde”. De acuerdo al reglamento del Congreso, la respuesta del Legislativo puede darse en el próximo Pleno.

Por el lado del derechista Renovación Popular, al Congreso le compete la facultad exclusiva de legislar y derogar leyes, por lo que la cuestión de confianza no debería ser aceptada. En esta línea se pronunciaron el ex marino Jorge Montoya y Alejandro Muñante.

La congresista Susel Paredes, en su habitual estilo exéntrico, manifestó que, aunque votará en contra de la confianza ―por considerar que no tiene fundamento legal―, reconoció que la ley cuestionada por el premier Torres sí le quita el derecho a la ciudadanía de plantear un referéndum.

El que fuera fugaz premier Héctor Valer, declaró que el pedido de cuestión de confianza busca destruir al Parlamento, por lo que renunció a la bancada Perú Democrático, encabezada por Guillermo Bermejo. No puedo continuar en una bancada que viene a destruir un poder del Estado”, sostuvo.

La confianza, solicitada por el Ejecutivo, se produce cuando la publicitada acusación constitucional por “Traición a la patria” contra el presidente Pedro Castillo, para derrocarlo, se desdibuja y colapsa. El abogado del Congreso ante el Tribunal Constitucional, no supo qué responder cuando uno de los magistrados le preguntó si desde ahora “opinar es un delito”.

En efecto, antes que una “tentativa no consumada”, como sostiene la tesis golpista del parlamento, lo que Castillo hizo fue opinar sobre una posible salida al mar para Bolivia. Opinión de la que, incluso, al día siguiente se retractó o corrigió.