Escribe: José Carlos Ramírez
Martes, 12 de Octubre del 2021
El uso de los fondos del Estado por los partidos políticos ha sido un asunto que ha cobrado notoriedad en estos días. Los rostros de quienes se enriquecen con nuestro dinero no es mera casualidad.

Luego del reportaje de Daniel Yovera en Epicentro TV al que hicimos referencia el día 09 del presente, este último domingo el programa “Punto Final” amplió la misma investigación con nuevos detalles.

Como hicimos referencia en nuestro informe, es poco conocido que Fondos del Estado, es decir de dinero proveniente de los impuestos que pagamos todos los peruanos, es destinado a los partidos políticos, tanto para gastos ordinarios, entre los que figuran la compra de una casa para uso de local partidario (Fuerza Popular), así como capacitaciones e investigaciones. A estos nos referiremos ahora.

Punto Final incidió en cómo se especifican estos gastos. Al ser entrevistada, Margarita Díaz (Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios Onpe) solo señaló que: está prohibido usar estos fondos en campaña.

Entrando al punto, resulta que en el rubro investigación, FP emitió un reporte a la Onpe que registra un contrato con FRC Consultores EIRL, para realizar una “investigación sobre inseguridad en el Perú” cuyo pago en dos partes (setiembre y noviembre 2020) generó un total de 180 mil soles, FRC son las siglas de Fernando Rospigliosi Capurro. Un militante y ahora acérrimo defensor de FP, que antes –con el mismo énfasis que ahora defiende– condenaba la corrupción fujimorista y a la propia señora Fujimori. 180 mil soles que salen de nuestros bolsillos para ir a los bolsillos de FRC.

En febrero de este año FP registra otro contrato que asciende a la suma de 119 mil soles, también pagado en dos partes (febrero y abril), este contrato se realizó con la excongresista Úrsula Letona. El concepto es por “investigación (…) sobre servicios públicos de calidad: agua y saneamiento”.

Esto no solo ocurre con Fuerza Popular. En el caso de Podemos Perú, partido de José Luna Gálvez, la empresa ELECTO CONSULTING brindó sus servicios en marzo de este año por concepto de “elaboración de informe e investigación sobre la informalidad en el Perú a nivel nacional”. La empresa en mención, al igual que en FP, pertenece a un militante del partido (Víctor Aguilar Rodríguez). La suma total por este contrato es de más de 38 mil soles.

“Tu causa”, un periódico de Frente Amplio, fue financiado en sus primeros tres números con 60 mil soles de los fondos del Estado en mención. El problema, según el informe, es que figure como “capacitación”.

Alianza para el Progreso de Cesar Acuña registra entre 2017–2020 un gasto total de 271, 390 soles entre los que figuran recibos por honorarios de 37 militantes de su organización. No se especifica los servicios o trabajos realizados.

Más allá de la noticia

Esta vez la noticia fue repicada por varios diarios y televisoras, pero ¿qué hay más allá de la noticia y la información?

En todos los casos llama la atención que se recurra a los propios militantes de cada uno de los partidos. ¿Es casualidad o se propicia que dicho dinero, que suman varios miles y millones de soles, recaiga en beneficio algunos dirigentes y militantes propios?

Y si la solución está entre sus propios militantes y dirigentes ¿para qué necesitan de una partida económica del Estado? o ¿es qué acaso el servicio para el bien de sus partidos se basa en un espíritu mercenario?

Sabida la noticia, el caso de Fernando Rospigliosi, quien se sumó al equipo naranja (anuncio realizado por la propia Keiko Fujimori recién en diciembre del año pasado, meses después de los contratos) invadió las redes y los memes no se hicieron esperar. Pero más allá de los memes, es válida también la pregunta ¿es con este dinero que se “convence” o se “atrae” a determinados políticos a los equipos técnicos de los partidos?

Y finalmente, ¿es correcto qué el Estado peruano destine nuestra economía para que los militantes y dirigentes de partidos políticos se enriquezcan?

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