El Paro Nacional, convocado por la Confederación Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), prosigue, en un momento en que al menos seis sectores de la capital, Quito, siguen cerrados por las protestas y el Gobierno ratifica su decisión de mantener el estado de excepción.

El decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso pone graves limitaciones a la libertad de expresión. El artículo 6 impide ejercer el derecho a la protesta. El artículo 11 anuncia que podrán aplicar “Fuerza letal” contra manifestantes de ser “necesario”. El art. 12 de manera xenófoba dispone una vigilancia, reforzada, injustificada y desproporcional a los extranjeros. . Y el art. 16 anuncia que podrán ingresar a los hogares en las tres provincias mencionadas sin orden judicial.

Las protestas continúan pese a la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. De hecho, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ratificó que "el paro nacional, territorial e indefinido sigue con una agenda clara de 10 temas" que le han sido planteados al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

La organización de pueblos indígenas más importante de Ecuador ha impulsado el paro nacional en el Ecuador en demanda de que el gobierno baje y congele los precios de los combustibles, establezca un control de precios, además de que mejore la cobertura de la salud y la educación.

En la aplicación del estado de Excepción, la Policía Nacional, por orden de la Fiscalía General, realizó un allanamiento este domingo a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito.

Según la narrativa del Ministerio Fiscal, existiría una alerta de que en las bodegas y subterráneos de la Casa de la Cultura, un grupo de 30 personas, nacionales y extranjeros, estarían almacenando material bélico, como explosivos y armas artesanales, que serían utilizados en las manifestaciones de los próximos días, para retener a policías y militares, con el fin de ingresar a la Presidencia de la República.

En respuesta, la Conaie denunció que se trató de un operativo hecho "con asombrosa agilidad por una llamada anónima", en la cual, en realidad, "el Gobierno allana los espacios democráticos culturales, encarcela y atenta contra líderes sociales y criminaliza el Paro Nacional".

Este espacio, asevera el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, albergó a ciudadanos durante las manifestaciones de octubre de 2019, en un acto humanitario, ante la desmedida represión policial.

Varios artistas, gestores culturales y actores políticos aseguran que forma parte de la criminalización de la protesta que lleva adelante el Gobierno Nacional, por lo que rechazan este allanamiento.

La Conaie también ha insistido en solicitarle a la Asamblea Nacional, la cual se reúne este lunes en plenaria, que no se haga cómplice del Gobierno y derogue el decreto mediante el cual el presidente Guillermo Lasso impuso el Estado de excepción, lo cual calificaron de "acto desesperado".

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Con información de TeleSur y Rebelión.