Escribe: Dardo López-Dolz
Lunes, 24 de Agosto del 2020
Luego de la intoxicación por los medios, se abre paso la verdad. Una cosa es sacarle la vuelta a la norma (hay grados de responsabilidad). Otra, ejecutar un operativo que acabó con 13 peruanos muertos (vt)

No hay eximente para la conducta de propietarios, organizadores y asistentes a la juerga en una discoteca que concluyó con trece jóvenes peruanos muertos. Sobre ellos debe caer el peso de la justicia en proporción a la cuota de responsabilidad de cada uno, en cada falta o delito cometidos. En medio de esta pandemia eso está absolutamente claro. La contundencia de esta afirmación no exime de responsabilidad funcional, penal y política al pésimo planeamiento y realización del operativo policial.

Desde hace ya más de 13 años, cuando me tocó la responsabilidad de ser viceministro del Interior, la interacción cotidiana con excelentes profesionales de inteligencia, policiales y militares, peruanos y de otros países acrecentó mi continua avidez por mejorar mi conocimiento de la racionalidad profesional de los procedimientos de inteligencia y operativos policiales y militares para enfrentar con éxito las actividades delictivas. Al fin y al cabo, la seguridad de los ciudadanos es, en sentido aristotélico, la causa última para la existencia del Estado. Todo lo demás viene después, en el orden de importancia.

Cuando se va a realizar un operativo policial (situación distinta de un enfrentamiento callejero sorpresivo), la doctrina policial contemporánea hace que siempre se requiera un trabajo previo de estudio de la situación, a cargo de la inteligencia policial (Inteligencia Operativa, a cargo de la Dirección de Inteligencia de la PNP). Esta determina las condiciones y escenarios posibles. Ese análisis profesional es antecedente obligatorio para el planeamiento ejecución del operativo.

Todo indica que en esa discoteca en Los Olivos se venían produciendo fiestas semanales, anunciadas por radio pero que no fueron detectadas por la inteligencia policial. Negligencia inexcusable. Conocido el hecho por la policía, lo profesional era infiltrar a policías como asistentes (la entrada costaba solo S/ 10.00) para poder tener una idea cabal de las características del local y sus accesos, la cantidad de asistentes (es inadmisible que un oficial declare en cámaras que no sabía cuánta gente había), y si había alcohol o drogas. Esto último –en cualquier lugar del mundo, y cualquiera sea el nivel económico o cultural de los asistentes– incrementa el riesgo.

Conocidas hoy las condiciones del hecho, la lógica policial recomendaba rodear el local, cortar la música, encender reflectores externos y utilizar megáfonos para hacer salir ordenadamente a los asistentes y detenerlos. Hacer ingresar policías uniformados iba obviamente a generar una estampida, como ocurrió.

Cuando este artículo sea publicado es muy probable que los videos de seguridad, de los asistentes y de los vecinos, aclaren quién miente respecto al uso de gases lacrimógenos. Espero sinceramente que no hayan sido usados; ese agravante a la negligencia punible tiene un precedente de triste recordación en la tragedia del Estadio Nacional en los años sesenta que, si no lo es ya, debiera ser materia de estudio en la formación académica de todos los policías peruanos.

Debe quedar claro que las faltas o los delitos no violentos que pudieran haber cometido las víctimas no trasladan a ellos la responsabilidad de sus muertes. Los 13 no murieron por ir de parranda a pesar de la prohibición pandémica, murieron por causa de un operativo policial mal ejecutado, lo que deja las responsabilidades funcionales y penales en el campo de la policía. La responsabilidad política (como en la tragedia del Estadio) es del Ministro de Interior, quien si no acepta ejercer su inherente función política de fusible y no renuncia, va a hacer subir el fuego destructor hasta la misma PCM.

Pero ojo, la responsabilidad no acaba ahí. Jurídicamente el fuego ocasionado por semejante despropósito puede llegar a la cima del poder político. Los criterios de César San Martín para sentenciar a Alberto Fujimori establecieron que, con garantías suspendidas, la responsabilidad penal por los muertos causados por excesos o errores en el accionar policial o militar recaen sobre el Presidente de la República. Lo que constituye un precedente jurisprudencial de aplicación obligatoria.

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Extraído de El Montonero, 23/08/2020

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