Escribe: Alberto Manzanares
Miercoles, 01 de Junio del 2022
Hace unas semanas el IEP afirmaba que, salvo un 7% de peruanos, nadie quería una Nueva Constitución. Hoy acepta que ese respaldo es superior al 47%. Eso explica la ofensiva golpista fujicaviar contra Castillo.

En Viejo Topo veníamos advirtiendo cuál iba a ser el verdadero blanco de ataque del lawfare que, desde el año 2019, la red caviar ejecutaba a todo tren contra sus adversarios políticos en el campo de la burguesía, de la mano de Martín Vizcarra.

Sosteníamos que era un error sumarse al cargamontón vizcarrista porque, una vez instalado como el sentido común, eso mismo iba a ser usado contra el movimiento popular y sus representantes. Desde el Estado y con el respaldo de los poderes empresariales, Vizcarra había comprado a esta misma prensa que hoy ataca y busca derribar a Castillo. Había comprado a las encuestadoras, que hoy sincronizan sus encuestas trucadas con el plan de golpe de la extrema derecha.

La diferencia con Vizcarra, para este último caso, es que éste echó manos de Ipsos y Datum, como en los 90 lo hizo Alberto Fujimori. Hoy, desprestigiadas ambas encuestadoras, el sistema en su conjunto propulsa al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que viene convirtiéndose en un apéndice de la USAID. Y ésta no es sino la institución yanqui que, bajo el manto de "ayuda para el desarrollo", planifica, dirige y ejecuta golpes de Estado en Latinoamérica y el mundo.

La ONG IEP, que durante mucho tiempo cumplió un papel progresista, forma parte de la red de poder caviar. Pertenece también a ella el diario La República, y el grupo de politólogos y 'Constitucionalistas' provenientes casi todos de la PUCP, que saturan los medios con sus opiniones 'expertas'.

Forman parte de esta red los 'líderes de opinión' cuyo papel sicarial hemos denunciado en Viejo Topo estos años. Y, por supuesto, como compañero de ruta, forma parte de aquella red de poder el semanario Hildebrandt en sus trece, cuyo director esta viviendo un proceso de derechización y reaccionarización acelerado.

Fue sobre todo con la llegada de Pedro Castillo y Perú Libre al gobierno, cuando la extrema derecha y la red caviar iniciaron su alianza, empezando por repartirse tareas. La extrema derecha atacó y desestabilizó desde el Parlamento y desde las calles. Utilizó grupos de choque neonazis agitando la teoría del 'fraude' e imputando que había un 'gobierno terruco'. La oposición parlamentaria, asimismo, obstruía y obstruye al gobierno derribando ministros por quítame esta paja.

La prensa caviar, por su parte, cumplía el papel de suministrar los insumos, y con el sinuoso acoso mediático de manera cotidiana y semanal. Aplacó un tanto su papel cuando Mirtha Vásquez asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Pero desde ahí, se fue de avance buscando volar del gobierno todo rastro de Perú Libre. Castillo entendió el juego y la expectoró, y con ella a sus ministros afines. Desde entonces todos estos se sumaron, sin rubor, al cargamontón golpista.

Fue la red caviar la que se centró en atacar y debilitar la postura de Nueva Constitución. El IEP cumplió tan bien su papel en este reparto de tareas que la extrema derecha se amparó en sus 'sondeos' para cerrarle el paso a la propuesta de Referéndum enviada por el Ejecutivo. Una semana previa a la votación en la comisión respectiva concluyó que sólo el 7% de los peruanos quiere una Nueva Constitución. De la misma manera, fueron titulares de H13 tipo "Movadef llegó a Palacio" lo que envalentonó a la derecha fascista.

En el campo constitucional, fue la caviar Marianella Ledesma quien sopló la pluma para que se "botara" a Castillo vía una Acusación Constitucional. Como la extrema derecha no podía sumar los 87 votos para intentar un golpe parlamentario bajo la forma de "vacancia", ahora se prendió de esta sugerencia de Ledesma.

Hoy es el caviar Pablo Sánchez, encargado de la Fiscalía de la Nación, quien ha dado el paso que ni Zoraida Ávalos se atrevió a dar. Esto es, poner al presidente de la República en calidad de investigado. Esta vez los insumos los puso el canal Willax, que de pronto se ha convertido en todo verdad. Mas los argumentos "constitucionales" para "interpretar" (o torcer) el mandato constitucional de que el presidente sólo puede ser investigado cuando termine su mandato, los están poniendo los abogados de la Cato. Cómo no.

Todo lo demás corre en el estilo que ya conocíamos desde Domingo Pérez y Rafael Vela Barba: instrumentalizar a los "colaboradores eficaces", para que digan lo que conviene decir y en el momento que el plan lo exija. Luego, se trata de filtrar las declaraciones a la prensa y hacer cargamontón. Eso se llama lawfare. Con toda esta ofensiva la Alianza Fujicaviar cree estar lista para pedir que Castillo renuncie o que convoque a nuevas elecciones.

La primera opción es la postura de la extrema derecha (al no poder conseguir los 87 votos), aunque baraja suspenderlo mediante Acusación Constitucional y otras maniobras. La segunda es la de la red caviar. Ambos acechan como lobos tras su presa.

La primera tiene como cartas/candidatos a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. A Fujimori, hasta ahora, no la sentencian. Por lo visto Juan Domingo Pérez seguirá "equivocándose" para alargar las cosas. No olvidemos que en el caso Odebrecht, la jugada y el tinglado consistió en seleccionar a los chivos expiatorios (los corrompidos: que habrían recibido unos 100 millones de dólares); y librar de polvo y paja a los peces gordos empresariales (los corruptores: que se habrían levantado del país unos 45,000 millones de dólares).

La segunda opción del golpe de Estado, bajo la máscara de renuncia/adelanto de elecciones, tiene como cartas/candidatos a Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. El uno, enredado en casos escandalosos en el gobierno regional de Moquegua, la distribución de los 35,000 millones de Reactiva Perú entre sus socios y amigos de la Confiep, su criminal gestión de la pandemia, etc. El otro es un neoliberal que se mimetiza como 'progre' y cuyo papel ha sido el de endeudar al Perú por 100 años. Es necesario investigar cuánto le pagaron de comisión los grandes bancos, así como su chanchullo con el Lote 192.

La inclusión de Castillo en un caso en donde la Fiscalía había quedado en que estaba sólo en calidad de testigo, desnuda la Alianza Fujicaviar de extremo a extremo. Muestra su desesperación. Y hace saltar sus grandes afanes de poder y repartija.

Tal ofensiva antipueblo ocurre en un momento especial. Cuando la acción de Castillo buscando ejercer una democracia directa con el Perú Profundo, están señalando que el Momento Constituyente, en donde las masas demandan una Nueva Constitución, es una contundente realidad y se desarrolla Tan es así que el propio IEP acepta, en su encuesta de la última semana, que el apoyo a una Nueva Constitución está en el 47%. Creemos que debe andar por encima del 65 %. IEP sólo va a remolque y ha tenido que aggiornar sus cifras para no quedar en ridículo.

Ese es el punto en que todas las fuerzas de las izquierdas, fuerzas democráticas y populares deben unirse. Tienen el deber de cerrar filas con el gobierno de Castillo para impulsar el Momento Constituyente, y para que, en lo inmediato, se llame a un Referéndum por Nueva Constitución. Esto debe llevar al Bloque Magisterial, a Perú Democrático, a Perú Libre y otras fuerzas de las izquierdas a plantearse la necesidad de cerrar el Congreso.

Sólo eso permitirá parar la mano al lawfare o persecución judicial y política contra los dirigentes del pueblo. Es errado que el señor Vladimir Cerrón pretenda negociar con la extrema derecha, para que no lo persigan. Eso se llama felonía. Las clases dominantes, suelen tener un trato más humillante y más perverso, contra quienes se les arrodillan.

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