Escribe: Eloy Marchán
Jueves, 08 de Abril del 2021
Un informe de Eloy Marchán de El Foco muestra las maniobras leguleyescas de Vizcarra, intentando librarse de la inhabilitación por 10 años en el caso Vacunagate (vt)

El expresidente petardea con escritos las denuncias que hay en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el escándalo Vacunagate. Vizcarra también intenta algo inaudito: detener, vía el Poder Judicial, la inhabilitación política que se le viene.

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“Yo siempre pongo el pecho” es una de las frases que Martín Vizcarra más repitió cuando era el presidente de la República. Cuatro meses después de dejar Palacio de Gobierno, la expresión es hoy solo una anécdota. Debido al escándalo Vacunagate, Vizcarra está enfrentando en el Congreso una serie de acusaciones constitucionales y, en vez de responder a las denuncias, lo que está haciendo con sus abogados es petardear con escritos las investigaciones y recurrir al Poder Judicial para detenerlas.

EL FOCO accedió los expedientes completos de Vizcarra que están en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Hasta el momento contra el candidato congresal de Somos Perú hay diez denuncias constitucionales formuladas por parlamentarios de distintas bancadas. Ocho de ellas solicitan que Vizcarra sea inhabilitado por diez años en el ejercicio de la función pública debido a que supuestamente violó tres artículos de la Constitución al vacunarse irregularmente.

Las otras dos denuncias que pesan contra Martín Vizcarra son pedidos para que sea sometido a antejuicio político por delitos penales que, de aprobarse en el Pleno del Congreso, harán que la Fiscalía de la Nación enjuicie directamente al expresidente. Carlos Pérez Ochoa, de Acción Popular, es el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, por lo tanto, el encargado de ordenar las denuncias que han llegado a su despacho contra Vizcarra.

Registro de ingreso del pedido de acción de amparo solicitado por Martín Vizcarra para detener las acusaciones constitucionales en su contra. La demanda está en el 6º Juzgado Constitucional, que dirige la jueza Rocío Rabines Biceño.

Por ahora Ochoa ha decidido agrupar las denuncias de juicio político —las que buscan una inhabilitación por violar la Constitución— bajo el paraguas de la primera que llegó: la número 423. Esta denuncia fue formulada por María Bartolo Romero, congresista de Nueva Constitución. En el caso de las denuncias de antejuicio político —las de índole penal y que se dan solo con altos funcionarios—, la acusación principal es la número 422, y fue de autoría de María Teresa Cabrera, de Podemos Perú.

En el despacho de Ochoa están trabajando a todo tren en las acusaciones constitucionales contra Vizcarra. La meta es que ellas sean aprobadas por el Pleno del Congreso antes del próximo 11 de abril, día las elecciones generales. ¿Les alcanzará el tiempo? Para que una acusación constitucional prospere, primero debe ser aprobada al interior de la subcomisión, luego ser revisada por la Comisión Permanente y, finalmente, llevada a votación en el Pleno del Parlamento.

Las acusaciones contra Vizcarra hoy están en la mitad del camino: tienen informe procedente del equipo técnico de la subcomisión, visto bueno de la Comisión Permanente y congresistas designados para elaborar el informe acusatorio. En el caso del pedido de inhabilitación por diez años contra Vizcarra el encargado es Jim Mamani, de UPP. En el antejuicio político, es decir para que el expresidente sea procesado por delitos penales, el responsable es Carlos Mesía, de Fuerza Popular.

Tanto Mamani como Mesía recibieron el encargo de hacer los informes contra Vizcarra en la sesión de la subcomisión del pasado 4 de marzo. Ellos tienen la misión de recoger los descargos de Vizcarra sobre las acusaciones en su contra, contrastarlos con las denuncias formuladas contra él y elaborar un informe concluyente. Jim Mamani y Carlos Mesía han notificado a Vizcarra hace una semana, pero, hasta el cierre de este informe, el expresidente no había respondido.

Sin embargo, lo que sí ha hecho Vizcarra es comenzar a petardear —con leguleyadas y maniobras legales— las dos investigaciones constitucionales contra él. El último 25 de febrero, antes de que se designe a los encargados de los informes y se le notifique que está siendo procesado, Martín Vizcarra presentó dos escritos ante la subcomisión “advirtiendo” que están vulnerando su derecho al debido proceso y pidiendo que las denuncias constitucionales en su contra vuelvan a foja cero.

Los documentos enviados por Vizcarra están firmados por él y sus dos abogados: Fernando Ugaz Zegarra y Jonathan Correa Arias. Sobre la denuncia por infracción constitucional, Vizcarra y sus defensores legales dicen textualmente: “No establece los hechos que configuran cada uno de los elementos típicos del tipo infractor (…) El informe anuncia de manera gratuita el término vacuna del Covid-19, cuando por las fechas el objeto era una ‘muestra experimental’”.

Es decir, Vizcarra sostiene que no cometió ninguna infracción constitucional porque lo que se inoculó no era una vacuna, sino un “muestra experimental”. Asimismo, dice que están violando su derecho al debido proceso debido a que no le han informado los artículos de la Constitución que violó al vacunarse a escondidas del país. En la denuncia constitucional de la congresista Bartolo se detalla que los artículos que Vizcarra infringió son el 38, 39, 41 y 118, que tratan sobre la función del presidente de velar por el bien de todos los peruanos y no por el suyo propio.

En el caso del escrito que Vizcarra presentó para detener el antejuicio en su contra, el expresidente y sus abogados sostienen: “No hay una incriminación directa determinada en tiempo y lugar, modo de cómo se realizaron los hechos (…) no se menciona con qué funcionario de Sinopharm supuestamente se habría coludido el imputado, o cuál es el documento cierto falsificado por dicha persona, menos aún se dice cuál es el contrato público relacionado con el ‘inoculación de muestras experimentales’”.

En resumen: Vizcarra dice que no ha cometido delito penal alguno debido a que la vacuna que se inoculó no era un bien público, no pidió a un ejecutivo de Sinopharm que le aplique la dosis y no existía un contrato del Estado peruano con el laboratorio chino cuando fue inmunizado. Lo delitos penales que, según la congresista Cabrera, cometió Vizcarra al vacunarse a escondidas son: colusión, concusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, falsificación de documentos y organización criminal.

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Extraído de El Foco, 12/03/2021
(Aquí el informe completo).

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