Lucha está en el Parlamento y las calles

LA CUESTIÓN DE CONFIANZA PRESENTADA POR ANÍBAL TORRES ESTÁ BIEN PLANTEADA

No somos ni abogados ni constitucionalistas. Pero basta seguir el hilo de algunos párrafos de la Constitución del 93 para ver qué esta en juego. Y para dicernir qué es legal y constitucional, y dónde está la usurpación de derechos y fueros.

Dentro del Artículo 131° de la actual Constitución se dice lo siguiente: "La desaprobación de una iniciativa ministerial  no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación".

La iniciativa ministerial fue la presentación de un proyecto de ley para derogar la Ley 31399 o Ley Antirreferéndum. Siendo iniciativa ministerial, el presidente del Consejo de Ministros está facultado para presentar cuestión de confianza.

La cohorte de 'Constitucionalistas' de siempre —a los que llamaremos K93— han querido ayudar al Congreso a salir de su desconcierto y orfandad. En general, aducen, no se puede presentar cuestión de confianza sobre asuntos que son propios del Legislativo.

Preguntamos ¿El asunto de la convocatoria a un Referéndum, propuesto en abril de este año por el Ejecutivo, no es facultad del Ejecutivo? En el 2018, Martín Vizcarra presentó una iniciativa para la realización de un referéndum y este se realizó.

Quizá lo que los 'Constitucionalistas' quieren decir es que, sobre los hechos consumados de 1) La reforma constitucional para arrebatar a los ciudadanos el derecho al Referéndum. 2) El subsiguiente rechazo a la iniciativa del Ejecutivo para la convocatoria a tal Referéndum, sobre esos hechos consumados, no habría forma de que alguien osara salir en defensa de este derecho ciudadano.

Pero es un asunto que alcanza de lleno al propio Ejecutivo, puesto que su labor es ejercer poder y gobierno en favor de ese ciudadano.

Aunque tardiamente, el Ejecutivo ha apuntado al origen de la negación de ese derecho, el mismo que le bloquea poder presentar siquiera una iniciativa legislativa de referéndum. O sea, el que le impide presentar una iniciativa para la que está facultado.

Al apuntar a este asunto nuclear, el gobierno de Pedro Castillo, deja al descubierto todo el edificio de violaciones a la Constitución, en cuya médula está la negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Empezando por este punto: No es legal ni constitucional modificar parte o toda la constitución sin estos requisitos insalvables. 1) Mayoría simple más referéndum 2) Dos legislaturas sucesivas con votación superior a los 3/4 (87 votos).

Al haber incumplido estas condiciones, esa Ley Antirreferéndum es ilegal e inconstitucional y debe de ser expulsada de la estructura jurídica. El Ejecutivo, dentro de sus facultades de iniciativa legislativa, puso el dedo en la llaga.

Y es que tal edificio de leyes inconstitucionales fraguadas al caballazo desde la fenecida Comisión de Constitución, con doña Patricia Juárez a la cabeza, va contra el derecho del pueblo a cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Al bloquear el Referéndum, lo que han perpetrado es un golpe parlamentario, autoerigiéndose en poder constituyente, usurpándole ese poder al pueblo.

Este Congreso no quiere Asamblea Constituyente, pero en los hechos se ha convertido en una espúrea Asamblea Constituyente, que está cambiando a diestra y siniestra la Constitución para arrebatarnos derechos ciudadanos y para convertir el poder Ejecutivo en una caricatura.

Pero no debe de perderse de vista esta otra cuestión. En el Artículo 31° de la Constitución se dice: "Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos". Por tanto, la Ley 31399 que limita y mutila nuestro derecho ciudadano a pronunciarnos soberanamente en referéndum, es nula. Más aún, pone a sus perpetradores en la picota, pasibles de que se les someta a una causa penal.

La inconstitucional Ley Antirreferéndum, por tanto, pervierte cualquier iniciativa legislativa ya sea del Ejecutivo o del propio pueblo para realizar una consulta a la ciudadanía. Antes, el Congreso dirá si está de acuerdo o no que tal Referéndum se realice. 

Bajo esta lógica, la iniciativa presentada por Martín Vizcarra en el 2018 —quien tampoco tenía mayoría en el Congreso—, primero debió haber pasado por el tamiz del Congreso para que este decidiera por nosotros, si estaba o no de acuerdo que tal referéndum se realizara. Por tanto, jamás se hubiera realizado. Pero, por otra parte, queda recortado el derecho ciudadano para pedir referéndum, cuyo único requisito exigido por la Constitución es el de acumular un porcentaje de firmas.

En consecuencia, un derecho fundamental e irrenunciable — una de nuestras mayores conquistas políticas—, ha sido usurpado por un Parlamento que no tiene ni el 5% de aprobación ciudadana, según las propias encuestadoras del sistema.

La cuestión de confianza, presentada por el premier Aníbal Torres —la primera cuestión de confianza—, está bien planteada y debemos apoyarla. La lucha está hoy en el Parlamento y, sobre todo, se decidirá en las calles.