En sí misma, la Comisión Investigadora del Congreso, orquestada para investigar el inexistente "fraude" en las Elecciones Generales 2022 era ilegal. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el ente definitivo para resolver sobre los procesos electorales.

La revisión de los resultados por impugnaciones y errores materiales, atendibles según el artículo 185 de la Constitución, se realizó casi todo el mes de junio y julio del 2021 a instancias de los masivos reclamos de la candidata perdedora y su staff de abogados. Como instancia final, el JNE proclamó al legítimo ganador, Pedro Castillo, luego de absolver una a una las impugnaciones.

Asimismo, observadores internacionales, entre los cuales estaban los enviados por la OEA, dieron fe de la limpieza de los comicios. Tan es así, que la concurrencia de una comitiva encabezada por Jorge Montoya, no mereció siquiera que les aceptaran audiencia; ni que le abrieran las puertas de la sede de la OEA. Sus reclamos de "fraude", sobre todo después de la proclamación de Castillo, no tuvieron eco en ningún punto del globo.

Por tanto, la Comisión Investigadora, formada en setiembre del 2021, no tenía sentido sino como una de las herramientas políticas que, agitando la teoría del "fraude", apuntaba a desconocer a Pedro Castillo como presidente de la República. Para lo cual, había además que obstruirlo y desestabilizarlo. Y, una vez conseguido su objetivo de derrocarlo, establecer la narrativa del "fraude" como verdadera. Por supuesto, luego de asaltar los organismos electorales.

Los sucesos más recientes, que volvieron a la teoría del "fraude", están vinculados al uso de los "testigos protegidos". En la fase lawfare a la que ha entrado el plan golpista de la derecha perdedora, han buscado comprometer al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.

Se le señaló, sólo por versiones de tales "testigos", de supuestos nexos con un gobernador regional y con pagos ilegales para favorecer al candidato ganador. De ese modo preparaban el terreno para destituir a tal autoridad mediante una Acusación Constitucional. La sólida y rápida respuesta del JNE y de Salas Arenas bloquearon este propósito.

Eso sí, es una pésima y peligrosa señal que, tanto Salas Arenas (JNE) como Piero Corvetto (ONPE), tengan que tomarse fotos en la embajada yanki para hacer prevalecer sus fueros.

La patraña de una red criminal, que efectuó un fraude a favor de Castillo, se cayó otra vez. Sólo sobrevivía esta Comisión que se ha gastado S/ 200,000 soles para nada. Su accionar no sólo ha sido ilegal sino inútil. No ha presentado ninguna prueba de "fraude" y ha consumido cientos de horas de trabajo parlamentario en vano.

Montoya, en su enésima derrota, ahora sostiene: "jamás hablé de fraude". Claro, el fraude ha sido, como lo apuntó una congresista, la propia Comisión.