Escribe: Redacción Viejo Topo
Miercoles, 08 de Julio del 2020
ONG globalistas, sostén del gobierno, aprovechan la pandemia para pretender que el Congreso ratifique el acuerdo firmado por MInistra del Ambiente Fabiola Muñoz en el 2018.

Ex cancilleres y expertos afirman que dicho pacto pone en peligro el poder del Estado para decidir sobre asuntos internos referidos a conflictos ambientales para beneficio de ONG.

El Perú perdería la soberanía del 53% de la Amazonía entregándose a un ente supranacional que definiría en última instancia cualquier conflicto ambiental en toda esta gran extensión territorial de selva, si el Congreso de la República decide ratificar la suscripción del Acuerdo de Escazú que sólo beneficiaría a las ONG que estuvieron detrás de este convenio.

Es decir, en términos prácticos, el Perú mantiene para sí el área de 782,880.55 km2 que comprende toda la Amazonía peruana, pero “pierde el poder de mandar” sobre más de la mitad de este territorio.

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú firmado el 27 de septiembre de 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas “relativizaría” lo que nunca debe pasar con la extensión más grande del país, es decir, se va a terminar sosteniendo que la Amazonía es “patrimonio común de la humanidad” como lo es la Antártida.

Así lo advirtieron analistas como Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el ex titular del Parlamento, Luis Gonzales Posada, quienes indicaron que corresponde al Congreso “hacer un análisis exhaustivo” de dicho acuerdo y “exigir respuestas” al Ejecutivo sobre el peligro que acarrearía la suscripción de dicho acuerdo sobre la soberanía nacional.

Para Miguel Ángel Rodríguez Mackay es “flagrante” lo que el Acuerdo de Escazú contiene para el concepto que se tiene sobre la Amazonía y su soberanía.

“La Amazonía peruana es parte del suelo del territorio del Perú y en consecuencia la soberanía es objeto de un tratamiento y de absoluta protección en el derecho internacional y el derecho interno. El acuerdo relativiza lo que nunca debe pasar con la Amazonía, van a terminar diciendo que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad como lo es la Antártida”, afirmó.

El acuerdo menoscaba la fundamentación que el Perú guarda sobre el espacio soberano. Es decir, todos los criterios que son innegociables para un país y que es una forma de ir penetrando a una “relativización del concepto de la soberanía”.

“El tratado como tal debería ser revisado y consultado con los especialistas que estamos listos para emitir una posición crítica sobre los intereses nacionales, porque están en juego los intereses del Perú y yo repito que sobre la Amazonía el único criterio válido ante cualquier negociación es que la Amazonía sea considerada como un espacio de soberanía absoluta y no relativa”, aseveró.

Rodríguez Mackay indicó que la idea del Acuerdo de Escazú es comenzar a relativizar la concepción de la soberanía sobre un espacio que es intrínseco al Perú, como es la Amazonía, para el beneficio de terceros.

“No es difícil saber que en el Perú sectores de ultraizquierda y sectores ‘caviares’ siempre han estado en la idea de la relativización de nuestros atributos de soberanía absoluta que tenemos que conservar. El Perú ha pasado por 200 años y no hemos aprendido y por eso hemos tenido fronteras que han sido reducidas. Hoy tenemos un tercio de lo que teníamos en 1821”, recordó.

En consecuencia, añade, ya es tiempo de aprender de la experiencia pasada luego del importante fallo de la Corte de La Haya para exigir que también se respete nuestra soberanía marítima con Chile.

“Aprendamos a entender que nuestra soberanía lacustre, fluvial y amazónica es intangible y, por lo tanto nunca se puede negociar nada que nos ponga en una situación fatal como es la relativización del concepto de la soberanía que aprendimos de la Paz de Westfalia (1648)”, finalizó.

El 27 de septiembre del 2018, el gobierno del Perú firmó tal acuerdo no por inspiración de alguna "izquierda radical" y "antiminera". Sino a través de la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz Dodero, vinculada a las ONG globalistas.

Es por ello que, de inmediato Amnistía Internacional sección Perú, una ONG financiada por la oligarquía financiera mundial, inició su ofensiva propagandística indicando que se trata del "acuerdo más importante de los últimos 20 años sobre derechos humanos y protección ambiental en América Latina y el Caribe".

Ese mismo año emprendió una campaña de firmas para presionar por que el Congreso lo ratifique. Hoy reinician esa puja vendepatria.

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