Escribe: Sandro Westphalen
Viernes, 24 de Julio del 2020
Keiko Fujimori aún no es sentenciada por los delitos que se le imputan. Menos podría suspenderse a su organización FP. Pero Domingo Pérez cree poder zurrarse en todo eso.

El partido Fuerza Popular rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de suspender temporalmente sus actividades políticas por dos años y medio, en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.

A través de un comunicado, FP consideró que la solicitud del integrante del equipo especial Lava Jato es un “intento de limitar el legítimo derecho de nuestros militantes y simpatizantes a la participación política”.

“Este es un pedido sin precedentes en la historia política peruana que afecta a un partido que no ha tenido responsabilidades ejecutivas ni administrativas en el gobierno nacional”, señaló.

Asimismo, la agrupación política que lidera Keiko Fujimori aseguró que “la justicia debe ser la búsqueda de la verdad y no convertirla en un mecanismo destinado a deslegitimar a las organizaciones políticas, sus dirigentes y militantes”.

“Interferir con un proceso electoral en marcha, es un hecho excesivo y arbitrario. Las elecciones no pueden ser alteradas con suspensiones que no tienen precedentes o exclusiones ilegales que limiten el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades”, acotó.

Fuerza Popular, por último, pidió a las autoridades nacionales, organismos internacionales, organizaciones políticas, medios de comunicación y a los ciudadanos “a rechazar y no permitir esta evidente violación del estado de derecho que nos afecta a todos”.

El pedido del fiscal José Domingo Pérez se produjo después de que el pasado 21 de noviembre de 2019, el juez Víctor Zúñiga incluyó como persona jurídica al partido en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal.

De acuerdo al documento fiscal del pasado 17 de julio, Pérez advierte a Zúñiga una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó el partido naranja entre los años 2017 y 2018.

En dichos años, el objetivo de Fuerza Popular era modificar el etiquetado de octágonos con los colores blanco y negro con mensajes claros a una especie de semáforos, con colores verde, amarillo y rojo y cifras.

Sin embargo, en el documento no se aclara este proceso parlamentario tiene relación con Odebrecht u otras empresas con la bancada liderada por Keiko Fujimori. Ahora corresponde al juez fijar la fecha de la audiencia y así resolver la solicitud del Ministerio Público.

Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.

Sin embargo, pensamos, para que Fuerza Popular sea suspendida o disuelta como organización criminal, primero la responsabilidad de su lideresa tendría que ser probada y sancionada mediante una sentencia. Y eso, aún no ocurre, sobre todo, por la sospechosa morosidad o lentitud de un fiscal atrabiliario y extravagante.

Hace poco, en esa misma línea de librarse de opositores, fueron suspendidos de sus funciones los fiscales supremos Tomás Gálvez y Gonzalo Chávarry. En la narrativa oficial, multiplicada y orquestada por la prensa venal (El Comercio, La República, IDL-Reporteros, Perú 21, RPP, América TV, Canal N, El Trome, etc.), aquellos son los repelentes "Cuellos Blancos".

Vinculados o no al fujimorismo, lo cierto es que ambos apuntaron, con herramientas jurídicas válidas, a los 48 juicios de Martín Vizcarra en Moquegua, al escándalo de Chinchero y, sobre todo, al lesivo Acuerdo firmado con Odebrecht. Ahí están las razones de fondo por las cuales los han suspendido. Como ya hemos dicho, la JNJ está infestada de humalistas y caviares, aliados y materia dispuesta para cubrir todos los desmanes del gobierno.

Desde esta tribuna, donde hemos combatido y combatimos al fujimorismo en todas sus manifestaciones, consideramos que, simplemente, están desprendiéndose de personajes opuestos al gobierno, de antagonistas políticos.

Está claro que, en tanto disputa de facciones en la altura del poder, aquí el foco es éste: Es el gobierno PPK-Vizcarra, quien está hondamente comprometido con Odebrecht y encabeza una coalición para dejar indemne a la corrupta empresa brasileña, cuyo papel en la política nacional aún no ha cesado.

El fujimorismo —hablamos de su expresión Keiko Fujimori—, desde el estallido del escándalo Odebrecht buscó capitalizar este affaire porque no había sido gobierno. No se conocía que, aunque en grado mucho menor, estaba también salpicado. Pero le voltearon la tortilla.

El demencial fiscal Domingo Pérez, como lo hemos repetido hasta la saciedad, es sólo una ficha del ajedrez, un operador, un sicario judicial.

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