Escribe: Redacción Viejo Topo
Miercoles, 06 de Julio del 2022
El gobierno antipueblo de Alan García Pérez impulsó la formación de sindicatos lumpen a fin de quebrar la organización obrera en construcción civil. También aquí el suicida se manchó las manos de sangre.

Veinticinco dirigentes sindicales han sido asesinados en los últimos años, producto de la delincuencia infiltrada en el ramo de la construcción civil, sin que haya visos de que esta ola de violencia se detenga.

Así lo denuncian la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP) y CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción), en comunicado conjunto publicado este miércoles en el Diario Uno.

El gremio de la clase obrera y el organismo empresarial exigen al Gobierno Central y a las autoridades policiales que detengan a los responsables de estos execrables crímenes y se aborde de manera integral tal problemática.

El último de estos crímenes aconteció este 23 de junio. El dirigente de construcción civil y secretario de Organización de Comité de Obra de la Línea 2 del Metro de Lima, Jaime Huaroc Río (59) fue asesinado a balazos cerca de su domicilio en San Juan de Lurigancho (Lima).

El 26 de enero de este año fue asesinado el dirigente Raúl David Roncagliolo Gutiérrez(39) cuando ingresaba a su domicilio en San Martín de Porres (Lima).

La violencia delincuencial en construcción civil se inició durante el gobierno de Alan García Pérez (2006-2011) cuando, a través del Ministerio de Trabajo, dio luz verde a la inscripción de seudo sindicatos que no eran sino bandas de delincuentes.



Nunca se entabló juicio penal contra García Pérez a este respecto. Tampoco contra quien era la ministra de Trabajo: Manuela Esperanza García Cochagne; ni contra Javier Velásquez Quesquén, entonces Primer Ministro. Nunca la Fiscalía de la Nación puso la mira en esta acción criminal desde las altas esferas del poder.

Y tampoco hasta hoy mueve un dedo la mal llamada "Defensoría del Pueblo" ante las decenas de dirigentes obreros asesinados y los cientos de obreros que corren la misma suerte, cuando se niegan a entregar a estas bandas una parte de su salario.

Cuando la gran prensa del sistema —El Comercio, La República— registra estos hechos luctuosos, y no halla el robo de bienes como motivación directa, se ha habituado a decir que fue un "ajuste de cuentas".

El objetivo de tal decisión política criminal, desde el gobierno de Alan García y el APRA, fue destruir la organización sindical para favorecer a los grandes grupos inmobiliarios y de la construcción. La violencia desatada desde entonces, hoy ataca tanto a obreros, a profesionales de la ingeniería y también a pequeños y medianos empresarios de la construcción.

El gobierno del presidente Pedro Castillo no ha tomado hasta hoy cartas en el asunto.

La denuncia, que ha venido realizando la FTCCP, durante años, apunta contra una red que abarca a delincuentes infiltrados bajo el membrete de sindicatos. Estos delincuentes exigen una cuota de cupos o puestos de trabajo, que los venden a obreros desocupados a quienes quitan una parte de su salario; o los entregan a forajidos que no trabajan y cumplen el papel de trabajadores fantasmas.

Asimismo, tales redes delictivas y criminales, amenazan y extorsionan a los ingenieros en las obras y, finalmente, amenazan y extorsionan a pequeños y medianos empresarios de la construcción. Los grandes grupos empresariales son inmunes a esta lacra generada desde el sistema.

La FTCCP, afiliada a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es una organización de alcance nacional que alberga a unos 450,000 obreros.

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