Escribe: José Carlos Ramírez
Domingo, 19 de Junio del 2022
A 36 años de la masacre de los penales (junio 1986), y pese a las evidencias abundantes de los diferentes protagonistas, la justicia aún no da solución.

En entrevista realizada hace un año por nuestra revista, Dynnik Asencios (investigador del IEP) nos brindó un titular en relación a los detenidos en El Frontón en circunstancias de la masacre de junio de 1986 en el primer gobierno de Alan García. Las investigaciones que viene realizando le permitieron aseverar —sustentado en informes del Ministerio de Justicia— que “más del 80 por ciento de los detenidos en tal penal habrían estado en situación de inculpados”.

Siguiendo el hilo de la madeja, nos hemos encontrado con el reporte de las declaraciones de Ismael Gutiérrez primer fiscal que investigó el caso El Frontón en los años del suceso. El ex fiscal señala que el día 18 de junio de ese año, asistió a El Frontón para mediar frente al conflicto, ya que los internos de Sendero Luminoso habían tomado de rehenes a tres agentes penitenciarios. Su planteamiento fue que desistan de su accionar y la respuesta de los internos fue aceptar el diálogo; luego de media hora de conversaciones los internos hicieron llegar un pliego de reclamos.

A su salida Gutiérrez conversó con un almirante de la marina quien le dijo: “doctor ya no haga nada, mire arriba”. Al mirar vio a gran cantidad de marinos apertrechados listos para bombardear. Entendió entonces lo que se venía.

Luego, mantuvo una conversación con el viceministro del interior Agustín Mantilla, a quien señaló que lo que “cometerían sería un delito enorme”. Ante la pregunta ¿por qué un delito enorme?, su respuesta fue categórica: “iban a matar a toda la gente”. La respuesta de Mantilla debeló quién estaba detrás al responderle que “eran órdenes del gobierno”. El ex fiscal no se queda ahí, señala con énfasis “y ¿quién es el gobierno?... Pues el presidente de la República”.

El fiscal Ismael Gutiérrez fue quien inicio las investigaciones penales sobre este caso, incluyendo a Alan Glarcía Pérez como principal responsable de la matanza. Los avances que venía realizando fueron frustrados en octubre de 1986, ya que la fiscalía de la nación bajo responsabilidad de César Elejalde lo apartó del caso. Este había señalado frente a la matanza de 34 presos subversivos en 1985: “los mismos senderistas quemaron a sus compañeros”; el mismo que frente a la matanza de 69 campesinos en Umaru, denunció “una guerra psicológica contra las fuerzas del orden, destinada a neutralizar su acción militar en la zona de emergencia”.

Informes de la época también registran un acta firmada por el director del penal quien deslinda responsabilidades y señala: “…ante la directiva del viceministro (A. Mantilla) que va actuar conjuntamente con las fuerzas de la marina y la Guardia Republicana. No me responsabilizo por los hechos que puedan suceder”.

A ello se suman las declaraciones ante la fiscalía del general Guillermo Monzón, jefe del Comando Conjunto de las FFAA, quien declaró: “en el Frontón estuvo Mantilla, quien inclusive dirigía las acciones de la Guardia Republicana… Mantilla radialmente dirigía las operaciones”.

Otro testigo clave es el infante de marina Carlos Castillo Vega quien participó el día de la masacre y estuvo brindando declaraciones durante varios años de manera anónima para proteger su identidad, pero se vio obligado a salir al frente al ser notificado —inesperadamente— de acusaciones penales que pedían 27 años de cárcel para él.

Debido a la información que reveló, Carlos Castillo fue considerado testigo clave, pues dio evidencias de un hecho de carácter genocida y de responsabilidades que se barajan en torno a ese acontecimiento.

Carlos Castillo narra con lujo de detalles los crímenes extrajudiciales. “Luego de la demolición del pabellón azul, los presos subversivos luego de salir en situación de rendición, fueron fusilados y asesinados a mansalva”. Castillo pudo ser testigo directo del acribillamiento de un amigo de infancia que estudió con él en el colegio.

Narra luego el amontonamiento de cadáveres en fosas comunes. Los términos en que el ex marino cuenta, lo dice todo: “era como en las películas que tratan sobre la guerra de Vietnam donde amontonan los cadáveres aventándolos a fosas”.

Cesar Rodríguez Rabanal, quien fue presidente de la Comisión de Paz, encargada de interceder entre los presos y autoridades en busca de solución del motín en el penal de la isla, declaró a la revista “Oiga” que le constaba que Alan García había autorizado la represión.

Para dimensionar la gravedad de este hecho, retomemos la entrevista con Asencios: “Se menciona mucho que ahí murieron ‘terroristas’, y no es así, existe un principio jurídico que establece que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, hasta el día de hoy se afirma con mucha seguridad, que los que estaban en la isla eran terroristas, para así justificar la masacre y quitarles el estatus de víctimas”.

Frente a tanta evidencia brindada por sobrevivientes, marinos, fiscales y autoridades acerca de los acontecimientos, así como de investigaciones diversas, surgen las interrogantes imperativas ¿cómo queda la justicia frente a este hecho execrable que se extendió también a los penales de San Pedro en Lurigancho y Santa Bárbara (mujeres)? ¿Cuánto más deben esperar los deudos y familiares de las víctimas, para recibir justicia?

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