Escribe: Redacción Viejo Topo
Sabado, 08 de Enero del 2022
El psicosocial golpista sobre Sarratea, apoyado en las imágenes de 4Poder, martillaba esto: Castillo llegó de noche y "clandestinamente" para recibir la coima que KL llevaba en su bolso. Pachas destruye eso (vt).

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que se ha enviado a la Fiscalía la secuencia de los videos en la casa del jirón Sarratea, que demuestran que el jefe de Estado no se reunió con Karelim López. En diálogo con Diario Uno, Pachas también advirtió que la Constitución es clara sobre los límites a las investigaciones a las que puede ser sometido el mandatario.

-¿Cuál es su interpretación sobre el artículo 117 de la Constitución? El texto dice que el presidente no puede ser acusado salvo por cuatro delitos precisos. ¿Por qué no puede ser investigado?

-En primer lugar, el artículo 117 ha sido aplicado desde 1993 a diversos presidentes. Uno de ellos es Martín Vizcarra, en la línea de que la Constitución da un blindaje al presidente de la República para que pueda trabajar en las funciones públicas que se le encomienda. En esa línea, el presidente no puede ser acusado ni investigado, porque sería un absurdo que se investigue para no acusar. Se debe tomar en cuenta que esa interpretación ha sido dada ante diversos presidentes, por tanto hay jurisprudencia. La ley es clara, y la fiscal de la Nación en mérito a la jurisprudencia y a la Constitución ha indicado que se suspende la investigación en el extremo del presidente. No obstante, en cuanto a las otras personas comprendidas en el caso, sí se está investigando. Ya se ha tomado declaraciones a los testigos, se ha pedido videos, listas, diligencias oculares, la Fiscalía ha ido a Petroperú, la Contraloría está determinando el tema del presunto perjuicio

Por otro lado, ante que la fiscal de la Nación emita esta disposición, el presidente ya había solicitado que se le levante el secreto bancario, tributario, y de comunicaciones. Y si hay una comunicación entre el presidente y los comprendidos en la investigación, eso sale en las comunicaciones.

-¿No se puede investigar al presidente por delitos que no son de función?

-Vamos a lo que dice la Constitución: el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso salvo en los casos previstos e impedir el funcionamiento del Congreso. La ley es clarísima, el marco jurídico determina solo los delitos mencionados y nada más. Al margen de ello, reitero que ya se están haciendo las investigaciones, ya se está recopilando información tanto de la Contraloría como de la Fiscalía. y hasta el momento no hay contacto entre la señora Karelim López y el presidente de la República.

Usted ha manifestado que los videos han sido trucados. ¿Podría dar más precisiones al respecto?

-El video difundido en televisión donde se muestra al presidente llegando a la casa de Breña con una gorra (donde se presume se habría reunido con Karelim López), ese video ha sido cortado, manipulado y se ha engañado al país. El 19 de noviembre de 2021 el presidente llega en una camioneta Cherokee de color negro, de placa GI 522 a las 17:38 y se retira a las 21:18. Luego llega el ministro de Defensa, Juan Carrascto, a las 21:54 en un auto negro de placa GS 028, y después, a las 22:01, lo hace la señora Karelim López en una camioneta BMW de color blanco. La imagen donde se ve al presidente usando una gorra no corresponde a esa fecha.

Por lo pronto, hemos entregado a la Fiscalía de la Nación la secuencia del video en soporte de papel, y estamos solicitando se nos asigne fecha y hora para entregar el video en soporte digital. También vamos a enviar cartas notariales a los medios que se han pronunciado sobre un video falso (NdR: En la conferencia de prensa realizada ayer por el abogado Pachas, el periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, aseguró que el reportaje emitido por el programa dominical nunca sugirió que el presidente se reunió con Karelim López).

Respecto a la inexistencia de la lista, usted afirmó que no es función del presidente elaborarla. Al margen de ello, ¿no podría mencionar el presidente con quiénes se reunió?

-Hay que aclarar que en la vivienda de Breña no se ha resuelto nada funcional, relacionado a presupuestos ni se ha producido reuniones con proveedores. En el caso de Petroperú, la supuesta reunión ha sido en Palacio de Gobierno. Ahora, el presidente ha respondido ante las preguntas del fiscal adjunto supremo, Ramiro González. Ahí aparece la lista en el marco del interrogatorio como parte de su declaración testimonial por el tema de los ascensos en las FF.AA.

CASOS PETROPERÚ Y ASCENSOS EN LAS FF.AA.

¿Qué percepción tiene sobre el caso Petroperú?

-Acá hay que ver, ya que se habla de tráfico de influencias, quién dio la licitación. Es importante recordar que la licitación se declare nula y no se pagó ni un sol a la empresa, por lo que no hay perjuicio al Estado. Por otro lado, se imputa al presidente esta hipotética concertación, pero a los ocho días el señor Samir Abudayeh gana la licitación. Esto no es jurídicamente posible, porque hay un procedimiento en las licitaciones públicas, la Contraloría analiza si existe el procedimiento, y si este existió es imposible que el presidente haya ordenado ese pago millonario en tan solo ocho días. Los documentos en la licitación pública son los que van a dar fe de lo que estoy señalando.

Más allá de eso, esa empresa anteriormente había ganado tres licitaciones con Petroperú, pero eso no se menciona. Finalmente se dice que López seria intermediaria de Abudayeh, pero no existe ninguna relación telefónica ni contacto entre ellos, y no se conocen.

La anulación del contrato, si bien anula los efectos de una presunta concertación, ¿elimina también la posibilidad de que los hechos sean investigados?

-Es que los hechos ya están investigados. En Petroperú todo está digitalizado, todo está colgado en un sistema y eso va a una central donde queda registrado. Pero los juicios se ganan con prueba sólida, por tanto si se ha anulado anulado la licitación, de cara al delito patrimonial y colusión agravada o tráfico de influencias queda claro que no hay perjuicio. Por otro lado, se podría decir que eso no anula una colusión simple o grado de tentativa, y es correcto, pero hay que considerar que todo el procedimiento está siendo examinado por la Contraloría. Reitero que es un imposible jurídico y totalmente falso que el presidente haya podido ordenar el pago de 74 millones de dólares en ocho días.

¿Cuál es su posición respecto al caso de los ascensos en las FF.AA?

-En este caso no hay ningún delito de abuso de autoridad ni patrocinio indebido. Abuso de autoridad significa que una persona le pide a una persona de rango inferior ejerciendo una coacción le pide algo ilegal. En el chat con el excomandante Vizcarra, este incluso le pone un emoticón de conformidad en la conversación con el presidente, por lo que no hay ninguna presión ni coacción. Lo que sucedió fue que uno de los pilotos había llevado un helicóptero que no había podido volar, y el presidente llamó la atención y pidió a Vizcarra un informe sobre quién es el piloto y porque le han enviado un helicóptero con fallas, poniendo en riesgo incluso su seguridad.

Lo que hemos visto es que el presidente pide un informe, pasan dos días, y le mandan (por chat) un nombre reenviado, que para él supuestamente es el piloto que estaba volando negligentemente, y entonces cuestiona cómo esta persona que ha volado tan mal ahora esté por ascender a coronel. Ese ha sido el reclamo. Ahí no hay nada ilegal, solo está pidiendo un informe y pide que el piloto sea más cuidadoso.

IDONEIDAD EN OPERADORES DE JUSTICIA

Las diligencias en Palacio de Gobierno dispuestas por la fiscal Norah Córdova han sido cuestionadas por algunos especialistas. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-En efecto, según el nuevo Código Procesal Penal, las características que debe tener un funcionario es que debe buscar la verdad y no la venganza. La señora Córdova ha señalado que es libre de pensar, pero ha puesto (en redes sociales) que el presidente es un terrorista, se burla de su forma de hablar o de pensar, dice que va a liberar a Abimael Gúzman, etc. El artículo 153 de la Constitución dice que los fiscales están prohibidos de participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga. Y la señora Córdova es fiscal los 12 meses del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si no quiere acatar la Constitución que renuncie y el cargo lo den a alguien objetivo.

También hay que decir que los fiscales adjuntos han pedido un allanamiento con descerraje para Palacio de Gobierno, cosas que son incoherentes de acuerdo al marco jurídico. Recordemos que el presidente tiene la función de velar por los secretos del Estado y dirigir la política nacional e internacional. Por el cargo que tiene posee información reservada y secreta, por tanto que le rompan la puerta de Palacio y se lleven la información, vulneraría la ley de transparencia, además de destruir el patrimonio cultural que es Palacio de Gobierno. La única persona que puede procesar al presidente es la fiscal de la Nación y por los delitos expresados en la Constitución. No hay más.

Usted manifestó que el procurador Soria se burló del presidente, hecho que ha sido negado por él. ¿Hay forma de probar esta afirmación?

La forma de probarlo es muy simple. En esa reunión estuvieron presentes el fiscal adjunto supremo y dos fiscales que estaban en una mesa a menos de dos metros de distancia. Ellos vieron como el procurador Soria y su adjunto se ‘mataban’ de risa de las declaraciones del presidente. Fue tan incómodo que el fiscal supremo les llamó la atención a Soria y su adjunto y anunció que en una segunda oportunidad iba a tomar medidas. Y exigí al fiscal adjunto supremo que se dejara constancia en el acta y se enviara inmediatamente la información al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría para que se proceda de acuerdo a ley, porque al margen de un desconocimiento del procedimiento, ninguna de las partes puede burlarse de la declaración de un testigo, con mayor razón si se trata del presidente de la República.

Se ha cuestionado su visita al ministro de Justicia. ¿A qué se debió?

-Yo he tenido que hacer coordinaciones, ya que el ministro es el asesor jurídico del presidente de la República y representa al Estado. He tenido que hacer coordinaciones para ver algunos aspectos de la defensa. Pero el tema del señor Soria ya se sabía desde el momento de su nombramiento, y si revisamos más, hay un informe periodístico que señala que en la pandemia el procurador alquilaba un edificio por tres millones de soles donde nadie iba a trabajar. Todo eso en informes anteriores.

GOLPISMO NO DESCANSA

¿Qué opinión tiene sobre los cuestionamientos de algunos congresistas a la fiscal de la Nación por suspender las investigaciones al presidente?

-La Constitución menciona claramente los delitos por los que se puede investigar. Es la Constitución que viene desde 1993 y en ese sentido se ha aplicado de acuerdo a ley y de acuerdo a la jurisprudencia que existe. Los congresistas de la República deben comprender que existe el marco jurídico y las disposiciones tienen que estar sujetas a la ley.

¿Considera que el Congreso podría presentar una nueva moción de vacancia?

-En el caso de Vizcarra, pusieron cuatro o cinco colaboradores, el Congreso lo vacó, luego el presidente Merino no duró una semana, se generó casi una guerra civil, con dos muertos, ¿y qué paso con Vizcarra? ¿está acusado o detenido? El proceso sigue durmiendo el sueño de los justos, porque esos colaboradores fabricados para vacarlo al día de hoy no han tenido la solidez para llevarlo a un proceso penal. Me pregunta si las acusaciones contra el presidente pueden motivar otro proceso de vacancia, y creo que sí, porque este es el modus operandi en la política. Aunque el derecho penal es objetivo, pero lo utilizan políticamente y quieren darle otra forma como ya han hecho en el caso del expresidente Vizcarra.

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Entrevista de José Alfredo Madueño, extraída del diario UNO, 08/01/2021.

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