Escribe: José Carlos Ramírez
Miercoles, 26 de Enero del 2022
Movilizaciones y protestas en las calles contra la empresa Repsol. Los hechos no son aislados. La irresponsabilidad de empresas como esta, tiene mucho que ver con la Constitución vigente.

El desastre ecológico en los mares de nuestro país producto del derrame de petróleo, y la evasión descarada de la empresa española Repsol en cuanto a sus responsabilidades, evidencia la nula exigencia que los diversos gobiernos han tenido para con las grandes empresas. El manoseado discurso de cuidar y tratar con guantes de seda a la inversión extranjera porque si no se irán de nuestro país, nos ha explotado en la cara.

Hoy se hizo de conocimiento un nuevo derrame producido ayer martes en la refinería “La Pampilla”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha pasado a realizar las investigaciones correspondientes para emitir un informe. El daño que se viene ocasionando al ecosistema implica la eliminación de la flora y fauna marina de la zona, pero no solo de lo que tenemos a la vista, sino de lo que habita en lo hondo de los mares. Los peruanos que viven del mar, pescadores, comerciantes y vecinos son los principales afectados. Las especies que sobrevivan puede que no sean aptas para el consumo humano.

La indignación y protesta de la ciudadanía con la consigna ¡Repsol hazte cargo! Son completamente comprensibles. Como se viene informando, el problema ocasionado es irreparable y las responsabilidades de la empresa no solo se remiten a una negligencia. Nunca hubo plan de contingencia, imperó la incapacidad y la carencia de expertos y de equipos para actuar en la solución del derrame. Reflejan la permisividad con la que vienen actuando las grandes empresas monopólicas en nuestro país.

Todo al amparo de la bondadosa Constitución del 93, la misma que permite el espíritu esquilmador sin importar para nada el cuidado de los recursos naturales de nuestra nación. Sobre los cimientos económicos neoliberales, cuyo sentido radica en el enriquecimiento sin tregua, se producen resultados nefastos como el que hoy vemos.

Algunos opinólogos —como Rosa María Palacios, quien ante la catástrofe ambientalista manifestó “es horrible pero se puede limpiar”— aducen que esto hechos no pueden usarse como pretexto para hablar de la necesidad de un cambio de Constitución. ¿Cuál pretexto? ¿Acaso esto no es consecuencia de un Estado débil y atado de manos en el manejo de la economía, donde las empresas privadas tienen carta blanca para enriquecerse a costa del uso indebido de nuestros recursos? ¿Acaso este es un hecho aislado y no se tiene conocimiento de derrames que ocurren en la amazonia, o de la contaminación minera (incluidas las cabeceras de cuenca) y de las aguas?

Asamblea Constituyente

Pedro Castillo llegó al gobierno con el ofrecimiento de una Nueva Constitución, esta fue una de las principales razones por las que la derecha y los representantes del gran poder económico —que sustentan su enriquecimiento insaciable en la Constitución fujimontesinista del 93— dieran el grito al cielo y se desbocaran en una retahila de maquinaciones por recuperar el poder. A nadie escapa el hecho de que hoy se encuentren empeñados en un golpe de Estado, amañado con la figura de vacancia.

La muy “demócrata”, señora Rosa María Palacios, una de las defensoras acérrimas de esa Constitución, ha comentado con mucho beneplácito el resultado de ciertas encuestas, que con preguntas inducidas, señalan que la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Igualmente reconoce como lícito que el Congreso se erija en única instancia para definir cualquier cambio de Constitución, sea parcial o total.

Como se recuerda, el 16 de diciembre el Congreso aprobó un dictamen que impide la realización de referéndum para Asamblea Constituyente, estableciendo que es necesario previamente que el mismo Congreso apruebe para recién iniciar un procedimiento de referéndum.

Luego de que el Ejecutivo devolviera al Congreso dicho dictamen con observaciones, al considerar que este vulnera “principios constitucionales” al quitarle toda potestad a la voluntad soberana de la población; el viernes 21 del presente, con 72 votos a favor, 44 en contra y ninguna abstención, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que restringe el referéndum y establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada obligatoriamente por el Poder Legislativo. En concreto todo quedaría en manos de este Congreso.

Frente al hecho, el Ministro de Justicia Aníbal Torres, ha sostenido insistentemente que “el referéndum constituye un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente en democracia sin la intervención del Congreso”. “La democracia representativa no puede suprimir la democracia directa”.

Luciano López, abogado constitucionalista en entrevista a Augusto Álvarez Rodrich y Maite Vizcarra, expresó de manera clara —a pesar de no estar de acuerdo con la conformación de una Asamblea Constituyente— que esta medida es inconstitucional.

Para afirmar esto, expone una razón histórica, señalando que los constituyentes del 93, diseñaron un modelo donde la democracia representativa y la democracia directa deberían de convivir sin contraponerse. Eliminar el derecho al referéndum sería atentar contra la democracia directa (en la que el pueblo tiene la facultad de definir de manera directa a través justamente de un referéndum), y exclusivisar solo la democracia representativa.

Añade también, una razón jurisprudencial considerando que el 2002 se presentó una acción de constitucionalidad contra la ley 27600 tribunal constitucional, a lo que se suma que el JNE, realizó dos fallos, uno el 2003 (caso Chunga Chávez) y el 2012 (caso Trinidad Abarca) en las cuales el JNE estableció que sí era posible que los ciudadanos puedan recolectar firmas para cambios constitucionales.

Señaló de manera tajante que el artículo 206 (de la Constitución) está referida solo para reformas parciales y no totales de la Constitución. Ante un estupefacto Alvarez Rodrich que había quedado enmudecido y solo atinaba a buscar entre papeles, el constitucionalista interrogó: “¿cómo se puede evitar la Asamblea Constituyente?, votando por el no, pero no recortando derechos”.

Lo que muestra este debate y estas medidas atentatorias contra la voluntad de la ciudadanía peruana, es el temor a que el pueblo decida mediante una consulta si se desea o no una Nueva Constitución. Perder sus privilegios es algo que les aterra, no importa si hay miles de derrames de petróleo en nuestras aguas marinas, no importa la amazonia, ni tampoco importa que las mineras invadan las cabeceras de cuenca y que llenen de plomo los pulmones de nuestros niños y nuestros hermanos del ande.

Más que nunca, una nueva Constitución urge en el Perú. Hoy que la derecha del Congreso ha cerrado las puertas a esta legitima posibilidad, las calles aguardan la movilización de los peruanos.

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