Escribe: Ricardo Uceda
Viernes, 24 de Abril del 2020
Grandes espaldas protegen al régimen: medios comprados y consultorías millonarias. Con ellos nos viene contando una amable realidad paralela. Pero todo se sabe (vt)

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta ayer habría 16,325 infectados por el COVID-19 y más de 400 muertos. Sin embargo, estas informaciones han ido perdiendo credibilidad. Ningún especialista, abiertamente o fuera de registro, sostiene que el universo verdadero de infectados siquiera se aproxima a lo que reporta el gobierno. Lo cual se debe, de un lado, a que en el Perú se suman resultados de las pruebas moleculares, que son las pertinentes, con los de las serológicas, que tienen un amplísimo margen de error. De otra parte, por una serie de factores –entre ellos el momento en el que se recoge la muestra en relación con el tiempo del virus en la persona– los resultados de las pruebas producen estimaciones distintas a la realidad. En todo el mundo. De cualquier manera, los números cuestionables en el Perú indican que la epidemia va en ascenso y que recién dejarían de subir el 26 de abril, según el Ministro de Salud, Víctor Zamora.

Cifras peores

¿Cuál sería, entonces, a la fecha la verdadera dimensión? En el comienzo de la semana pasada el MINSA manejaba, extraoficialmente, una cifra mayor a cincuenta mil sospechosos. La base era evaluaciones clínicas realizadas a personas con síntomas. El concepto de sospechosos tiene sentido. “Si alguien tiene plumas, camina como pato y dice cuac lo considero un pato –dijo una fuente especializada con información del conjunto del problema–. No espero un resultado de laboratorio. Como no existe esta prueba, no lo contabilizo como pato, pero para mí casi todos estos casos tienen coronavirus”.

No es alarmista entonces prepararnos para una cantidad mucho mayor de infectados. Usando la información oficial de hospitalizados y fallecidos, un equipo tecnocrático, Haciendo Perú (La República, 19 de abril) sitúa la actual extensión de la epidemia en un nivel de R2. Su interpretación insinuaría, al final del proceso, cientos de miles de infectados y decenas de miles de víctimas mortales. La notación R es parte de un modelo matemático de alto valor predictivo, e indica que una epidemia se encuentra en retirada si es menor a R1. Si efectivamente estamos en R2 es una muy mala noticia y muchas cosas deben ser replanteadas.

Las UCI

Uno de los cambios necesarios es el sinceramiento radical del estado de la situación. El gobierno podría seguir dándonos las cifras de las pruebas pero a la vez hacer una proyección descarnada de lo que se espera, con cifras de posibles infectados y muertos, como han hecho líderes de otras naciones. Es necesario conocer la tasa de mortalidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) –¿mueren el 50, 10 o 5 por ciento de quienes ingresan allí?– y saber esta información por regiones. Debe transparentarse la verdadera capacidad de los hospitales.

Está en entredicho el número de camas disponibles, y ya fue demostrado que Martín Vizcarra informó equivocadamente sobre el equipamiento y los recursos del nuevo Hospital de Ate. Ayer dio un reporte que se acerca a las estimaciones inconformistas: están disponibles, dijo, 140 camas UCI a nivel nacional, algo distinto a las mil que anunció hace diez días. Hay que reconocer este esfuerzo de veracidad. Pero debe extenderse.

Así no

Dos informes periodísticos sobre el Hospital Antiguo de Ate, de El Comercio y Cuarto Poder, de Enrique Vera y Carlos Hidalgo, respectivamente, fueron publicados sin que el Ministerio de Salud diera su versión, como le fue requerido en cada caso. La presidenta del cuerpo médico, Rudy García, dijo que unas setenta personas habían muerto por COVID en esta tugurizada posta médica en la que el personal de salud hace una apretada cola en una especie de callejón para recibir sus implementos. Si solo la mitad de la cifra es cierta pone severamente en cuestión la estadística de los muertos.

Las conferencias de prensa presidenciales han perdido credibilidad desde que solo preguntan ganadores de un sorteo que nadie vigila y se hacen inquisiciones preanunciadas.

No es difícil hacer un sorteo televisado y veloz. Tampoco es complicado que un periodista de cada medio sorteado grabe su voz en un chat y lo envíe en tiempo real. Las preguntas espontáneas no son para atacar a un gobernante, por mucho que lo pongan en aprietos: es parte de un escrutinio tradicional de la prensa independiente, unas reglas de juego que deben ser aceptadas en una situación como esta. Ayer dejaron preguntar a los medios de mayor audiencia. Pero fueron preguntas ciegas: ninguna reaccionó a la exposición que dio Vizcarra.

Sí se puede

Por otra parte, la Presidencia del Consejo de Ministros le metió un hachazo al derecho de acceso a la información. Como una norma de emergencia suspende procesos administrativos, ya no se responden solicitudes, según demostró Convoca.pe, mostrando las comunicaciones oficiales de la PCM. Luis Enrique Pérez, autor del informe, no solo pidió por escrito sino directamente:

–Hace dos semanas le pido datos al MINSA y nada. ¿Cuántas pruebas diarias hacen las brigadas sanitarias en domicilio? Es lo que quiero saber.

Pero, como bien ha dicho Eduardo Luna, director de la Autoridad Nacional de Transparencia (adscrita al MINJUS, algún día será autónoma), el derecho a saber no cesa durante el Estado de Emergencia, y las instituciones del Estado deben contestar las solicitudes que se hacen de manera virtual, si la información se halla en ese formato. Luna lo dijo en una opinión consultiva, ante preguntas de entidades públicas respecto de cómo proceder, respuesta que puede encontrarse en la página web del MINJUS. Sin embargo, ante el cúmulo de problemas y la certeza de muchos más que vendrán, prevalece una actitud de no crear pánico ni mostrar las miserias del sistema de salud. Es lo que debe cambiar.

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Extraído de La República, 21 de abril 2020.

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