Escribe: José Carlos Ramírez
Domingo, 03 de Julio del 2022
Congresistas persisten en su afán lobista a favor de empresas petroleras, dejando de lado los intereses de los peruanos.

El 05 de febrero advertimos desde nuestras páginas, en el informe ¿Qué pasa con el petróleo peruano?, que luego de 30 años, ocho contratos petroleros —de lotes ubicados en la provincia de Talara— estaban por culminar, y que el Proyecto Ley (PL) 804/2021-CR propuesto por Carlos Alva Rojas (Acción Popular), pretendía prolongar dichos contratos a 40 años, es decir 10 años más.

Pero eso no es todo, este PL también contemplaba que los contratos de explotación podrían extenderse por plazos sucesivos de 20 años cada vez, hasta el “límite económico del área materia del contrato”, es decir, una entrega a perpetuidad de nuestros recursos petroleros.

Hoy estas oscuras intenciones han sido retomadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que en estos días entrará a sesionar para aprobar una ley que extiende por diez años los contratos de seis lotes petroleros que están por expirar entre octubre del 2023 y marzo del 2028: Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont). Todos se encuentran ubicados en Talara (Piura).

Los pretextos para impulsar esta medida, por parte de los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), son: que se requiere “alentar y dinamizar” las operaciones de hidrocarburos en el país. Sin embargo, es de público conocimiento que las cifras de producción revelan un decrecimiento considerable desde la privatización de estos lotes.

Lo previsto, según los procedimientos, es que culminados los contratos, corresponde que dichos lotes vuelvan a la administración de Petroperú. Pero la “iniciativa” de la Comisión del Congreso en mención busca evadir este procedimiento y lograr que los lotes se mantengan en manos de los privados. Para ello han tomado los fundamentos de los Proyectos Ley 804/2021 de Carlos Alva Rojas (Acción Popular) y el 2279/2021 de José Jerí (Somos Perú), que tienen como único objetivo la reprivatización de las operaciones petroleras.

La diferencia del Proyecto presentado por Jerí es que la extensión de 30 a 40 años para los actuales operadores no se daría de forma automática como propone Alva, sino con la presentación de un nuevo calendario de inversiones, plan de mejoras salariales para sus trabajadores y gas natural en su zona de influencia.

Si bien la propuesta de Jerí es aparentemente mejor, obvia cuestiones de suma importancia como las señaladas por el especialista Humberto Campodónico, quien hace ya cinco meses advirtió que esta sería una medida absurda, ya que la refinería de Talara estaba entrando en funcionamiento para el procesamiento del crudo, por lo que Petroperú se vería obligado a comprar petróleo a precios internacionales, cuando bien se podría administrar los lotes cuyos contratos están por expirar y tener un ahorro considerando el precio del petróleo a precio de costo. Es decir, de 80 a 20 dólares por barril. Una diferencia abismal.

Importante tener en cuenta que la Refinería de Talara fue inaugurada el 14 de abril del presente año y que su capacidad de procesamiento petrolero es de 95 mil barriles diarios.

En concreto, de imponerse esta reprivatización y evitar que estos lotes se reviertan a la administración de Petroperú, se estaría persistiendo en condenar al Perú a pagar precios internacionales, lo cual implica un exceso de 60 dólares adicionales por barril, en perjuicio de la refinería de Talara y de la población peruana.

Denunciemos y combatamos este lobismo descarado.

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