Escribe: Braulio Morante
Sabado, 11 de Diciembre del 2021
Ayer 10 de Diciembre, a iniciativa de la congresista Margot Palacios, se presentó al Congreso un proyecto en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos restringidos a causa de la pandemia.

Dicho proyecto, firmado por siete parlamentarios de Perú Libre, propone defensa de derechos fundamentales vulnerados con la vacunación obligatoria y compulsiva en marcha, teniendo en cuenta que desde ayer solo podrían asistir a espacios cerrados o laborar con normalidad en servicios públicos quienes presenten su carnet de vacunación.

Consta de solo tres artículos y el segundo sintetiza en diez acápites el meollo de la cuestión:

1. Nadie podrá aplicar a una persona u obligarla a aplicarse un procedimiento médico, quirúrgico, vacuna o medicamento en contra de su voluntad; toda aplicación de estos procedimientos requiere el consentimiento informado del contenido, fundamentación científica y efectos secundarios que conlleven.

2. Nadie podrá imponer medidas sanitarias que afecten la salud o la vida de las personas; toda persona tiene derecho a objetar la imposición de medidas sanitarias que atenten contra su salud o su vida.

3. Nadie podrá poner como requisito o condición la aplicación de un medicamento o vacuna a una persona para que se mantenga en un trabajo o empleo, o acceda a él, para viajar o transportarse, para acceder a cualquier establecimiento público o privado, para recibir un bono del estado o cobrarlo, para percibir o cobrar la pensión de jubilación, por cualquier otro motivo.

4. Toda persona tiene derechos humanos inalienables, los cuales no podrán ser restringidos bajo pretexto de emergencia sanitaria o de cualquier otra índole, que no sean las de orden público en grave peligro de la Nación establecidas por la Constitución Política del Perú, en cuyo caso deberán ser proporcionales al peligro inminente que amenace a la Nación.

5. Ninguna persona podrá imponer protocolos sanitarios que conlleven a la afectación de la salud, la vida y las libertades de las personas. Las autoridades gubernamentales y/o sanitarias son conjuntamente responsables civil y penalmente por la aplicación de protocolos sanitarios que lesionen la salud u ocasionen la muerte de las personas.

6. Toda persona tiene derecho a que se le autorice la aplicación de alternativas médicas por terceros, estando internado en un nosocomio público o privado; asumiendo el solicitante, ya sea la propia persona, un familiar o quien haga las veces de éste, la responsabilidad por tal autorización.

7. Nadie podrá privar a una persona de la medicación de su elección, por impedimento directo o restringiendo su acceso a los medicamentos de su elección a nivel público o privado, ya sea por disposición legal, medida comercial o de cualquier otra índole.

8. Toda persona tiene derecho a ser informada con verdad de toda clase de enfermedad o pandemia, y de los medicamentos que pueden administrarse contra ellas, de modo preferente frente a vacunas o medicamentos de alto riesgo para la salud y la vida.

9. Nadie podrá obligar a una persona a que se aplique pruebas de diagnóstico viral para acceder al trabajo, permanecer en éste, para viajar o para acceder a establecimientos públicos o privados.

10. Nadie será discriminado por negarse a la vacunación o a practicarse pruebas de diagnóstico viral o a cualquier medida sanitaria que atente contra su salud y su vida. Nadie será discriminado por estar o no en un registro de vacunados, ni se le podrá impedir el ejercicio de sus derechos humanos por no este motivo.

En el tercer artículo dispone la derogatoria de los decretos y normas que contravengan estos derechos amparados en la propia Constitución Política. Cabe precisar que entre los fundamentos se concluye:

El uso obligatorio de mascarillas para toda la población sana, cuarentenas de toda la población sana por más de cien días, aplicación de pruebas de diagnóstico de coronavirus rápidas y moleculares, restricción del acceso a medicamentos, y vacunación forzada de la población con sustancias experimentales en fase III autorizadas por emergencia, han demostrado que fueron medidas no sólo ineficaces sino incidentes en la elevación de los decesos, en la generación de problemas de salud mental, y en la quiebra masiva de empresas, la pérdida del empleo de gran parte de la población, el endeudamiento de la nación con la banca mundial y la grave afectación de su economía; lo que hace necesaria la aprobación de un marco legal que impida el abuso del poder del Estado en el dictado de normas que afectan la vida, la salud y los demás derechos fundamentales de los ciudadanos.

Diversos sectores democráticos y del gremio de salud, ya enarbolaban fundamentos como los mencionados y desenvolvían una labor de esclarecimiento. Ahora el debate ha pasado al Legislativo. Esperamos que el Ejecutivo también se pronuncie.

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