Escribe: José Carlos Ramírez
Jueves, 23 de Junio del 2022
Las cabeceras de cuenca que abastecen de agua a los pueblos y sirven para actividades agrícolas, ganaderas y el consumo humano, peligran ante actividad depredadora de mineras.

Pobladores y representantes de las comunidades indígenas de San Juan Cañaris en Lambayeque, arribaron a Lima el jueves 16 de junio, con el objetivo de hacer oír sus demandas que se remontan a casi una década. Para ello vienen realizando plantones y protestas en la Plaza San Martín, así como frente al Ministerio de Energía y minas.

Con tales medidas de protesta exigen al gobierno, que se anule las concesiones mineras que abarcan el 74 por ciento de su territorio —nada menos que 21, 757.95 hectáreas— concesionadas a 39 mineras tituladas y 6 más en trámite, pero que se han otorgado sin ningún consentimiento.

Por lo mismo, demandan el respeto a la consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado peruano. Ella brinda protección a las comunidades en el marco del respeto de su identidad cultural y su autonomía.

El 10 de junio, los comuneros de Cañaris habían cumplido con enviar un memorial con sus demandas al premier Aníbal Torres, reclamando el derecho a la consulta previa, ya que por la Resolución Suprema N° 54, emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas (10 de octubre de 1956), habían sido reconocidos como comunidad indígena.

Las comunidades de San Juan de Cañaris manifiestan su rechazo a las actividades extractivas en su territorio, pues consideran que la minería es una amenaza a los ecosistemas naturales y, sobre todo, un peligro para los recursos hídricos de toda la región: la contaminación de la cabecera de cuenca del río Cañaris. Por ende, muestran su preocupación por que estas actividades terminen perjudicando su agricultura, ganadería, así como la propia salud y vida de la población.

En declaraciones a un medio de comunicación, Rosa Sara Huamán, dirigente de la comunidad, señaló: “Queremos que el Estado deje de despojarnos de nuestros territorios y declare la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas a la minera, porque tenemos temor que causen daños ambientales irreversibles a nuestros bosques, ríos, suelos, animales, plantas, poniendo en riesgo incluso nuestra existencia como pueblo indígena”.

Los comuneros de Cañaris junto a representantes de comunidades campesinas de Piura y Cajamarca —quienes comparten problemas y exigencias similares ante la presencia de empresas mineras en sus territorios— tenían previsto reunirse el jueves pasado con la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú) y la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso. Estas comunidades se han articulado en la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE).

Estas organizaciones denuncian que las concesiones otorgadas a empresas mineras en los territorios de las comunidades campesinas de San Juan de Cañaris (Lambayeque), Segunda y Cajas, comunidad campesina de Yanta (Piura), y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca), se localizan en cabeceras de cuenca que abastecen de agua a las poblaciones del campo y la ciudad, por lo que de proseguir sus actividades extractivas implicarían una seria amenaza para las poblaciones.

El afán usurero de las empresas mineras no contempla las consecuencias funestas que acarrean sus actividades en cabeceras de cuenca.

Nuestra solidaridad con los pobladores de estas comunidades y sus justas demandas.

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