En medio de los movimientos y coordinaciones para el pedido de vacancia contra Pedro Castillo, se hizo público un video donde se observa a la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, en una reunión con gremios de transportistas. Abiertamente, los incita a bloquear con sus propias unidades los peajes para generar “todo un caos vehicular”.

“Imagínense que con todos los buses y transportes se paren en los peajes y simplemente no pasen, y se genera todo un caos vehicular. ¡Sería una protesta grandísima! Lo hago como propuesta, ojalá que lo puedan tomar… Imaginen que ustedes paralicen de esa manera. No en una marcha, sino con sus propios vehículos, en los peajes, sin avanzar y empezar a tocar claxon, una cosa así. Pero el transportista, con su transporte debería estar parado en los peajes y originar el caos de la historia”, dijo la congresista, desvelando su complot.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló que lo realizado por Moyano debe ser investigado no solo por la Comisión de Ética del Congreso sino también por el Ministerio Público. Porque "una cosa es intermediar como parte de su función de congresista para la solución de un conflicto social, y otra es azuzar e instruir a un grupo de transportistas con la finalidad de causar caos y alteración del orden público. Esos son delitos que deben ser inmediatamente investigados por la Fiscalía, y la señora Moyano debe tener la sanción máxima de la Comisión de Ética, por esta conducta impropia de una congresista”.

Quispe advirtió que aquí se configuran varios delitos y que estas acciones están lejos de poder enmarcarse en el derecho a la protesta. Además, indicó que “todo esto es algo orquestado”. “No son hechos aislados, y merecen ser investigados por el Ministerio Público, pues además de la señora Moyano, tenemos los tres grupos que conformarían una organización criminal como son La Resistencia, Los Combatientes, y La Insurgencia. ¿Quienes los financian? ¿Con quienes se frecuentan y de quienes reciben charlas? En el caso del señor “Jota Maelo”, cuando tiene una denuncia, un abogado del partido aprista es quien va a ejercer su defensa. Son grupos organizados, unos encargados de identificar las víctimas a coaccionar en actos propios de terrorismo, otro grupo se encarga de financiar el traslado de las personas, de la logística, otros de difundir sus acciones, entonces estas personas ya identificadas deben ser detenidas en flagrancia. Son parte de una presunta organización criminal donde hay personas que las financian e instruyen”.

Cabe recordar que semanas atrás se conoció del intercambio de un grupo de empresarios ligados a la Sociedad Nacional de Industrias que promovía una bolsa de dinero en apoyo a un paro de transportistas, siempre con el objetivo de generar caos y culpar al Gobierno, al igual que Moyano.

“Buscan generar caos para ganar adeptos en la opinión pública y culpar al presidente del caos. Hay una conspiración de la que forman parte empresarios, exmilitares, hay todo un andamiaje de una organización y que acá hay que ponerle nombre propio, es una presunta organización criminal con participación de diferentes personas e instituciones que lo que quieren es vacar al presidente y están conspirando para cometer delitos bajo el argumento del derecho a la insurgencia, saboteando a un gobierno legítimamente elegido”.

Finalmente, el jurista indicó que los presuntos delitos cometidos por Moyano tienen la categoría de delito común y no en el ejercicio de sus funciones, por lo que la fujimorista debería ser inmediatamente investigada y desaforada del Parlamento.
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Con información del Diario Uno.