ADUVIRI, OTRO DIRIGENTE PERSEGUIDO

La criminalización de la protesta popular es una realidad en el Perú, aunque Rosa María Palacios, en un juego verbal, afirme que se trata más bien de “criminales en protesta”, por el hecho de bloquear vías públicas, atentar contra la propiedad privada y la vida de las personas.

La ley y el enjuiciamiento están por encima de las motivaciones de la protesta: el atentando contra el medio ambiente, la expoliación de recursos, la venta del país a consorcios extranjeros. Y es que la mayoría de conflictos sociales, según Defensoría del pueblo, se dan por causa de la actividad minera. El 63.5% nada menos.

Es solo una cifra sin importancia para los bien remunerados periodistas de la prensa concentrada. Y menos importante ahora que, desatado el conflicto de Tía María, se repite hasta el cansancio que la panacea para el Perú es la inversión minera.

Brutos protestantes, sucios ciudadanos de segunda, criminales de piedra y huaraca. Esos son los delincuentes a quienes hay que pasarles el tractor por la espalda. Y encarcelar a los dirigentes que los azuzan. Tal es el caso de Walter Aduviri, dirigente del ‘Aymarazo’ (2011).

Un sector de la izquierda pequeño burguesa se ha pronunciado. Verónica Mendoza reproduce en twiter la opinión de nuevo Perú. Denuncia la criminalización de la protesta social. No es tarde para decirlo. Más todavía, la izquierda no entiende que desde hace mucho su debilidad radica, precisamente, en no decir nada, en ponerse a la cola del gobierno de turno, destilando anti fujimorismo, bajo preceptos oenegeros.

El gobernador de Tacna, Juan Tonconi y el de Arequipa, Elmer Cáceres, se están pronunciando también. Porque este es un problema de alcance nacional. Los conflictos sociales no lo inician los protestantes, sino que lo provocan las mineras.

El otro punto que deben percibir las posiciones supuestamente avanzadas: Al empeñar luchas sociales adquieren posibilidades de poder y, por tanto, se convierten en agentes peligrosos para un sistema donde nada debe cambiar. Todo debe continuar tal cual la constitución fujimorista de 1993 ha consagrado. La madre del cordero.

Por eso tenemos a un Cerrón Palomino, gobernador de Junín, también sentenciado y perseguido. El mismo que venía promoviendo una coordinadora para las próximas elecciones, que hoy están más próximas por anuncio de Vizcarra.

Empeñar la lucha es la consigna.