Escribe: Manuel Dammert
Viernes, 22 de Marzo del 2019
En medio de una idiotizada izquierda parlamentaria, comparsa de Martín Vizcarra, Manuel Dammert es una excepción. Aunque, éste también parece reducir los asuntos a la mera corrupción.(vt).

Este paquetazo legislativo del gobierno PPK-Vizcarra, pretende generar nuevas condiciones para empujar el modelo neoliberal que está rumbo a su fracaso definitivo. Esta política es una acción consciente de la plutocracia y del actual gobierno neoliberal, aplicado en la lógica del capital y su poder, se basa en la reconfiguración territorial para su actividad de acumulación, explotación y producción. Constituye, pues un elemento más del ordenamiento jurídico económico como instrumento de ajuste institucional del modelo neoliberal en crisis de régimen.

Los indicadores de crecimiento, empleo, igualdad, salud, educación, lo expresan. Este paquetazo legislativo quiere dar un nuevo aire al sector privado, mejorando las condiciones para su ganancia, sobre la base del uso de los recursos públicos tanto financieros como naturales y haciendo soportar la reducción de los costos en el factor trabajo y sobre los usuarios clientes que ya dejaron de ser ciudadanos.

Es decir, la desposesión de los derechos de los peruanos sigue adelante, y Martín Vizcarra es el actual ejecutor. Para asegurar y consolidar la ruta neoliberal en franco deterioro en el Perú, el 31 de diciembre de 2018, el presidente Vizcarra promulgó el D.S. Nº 345-2018-EF “Política Nacional de Competitividad y Productividad” hasta el 2030, que es una política de cumplimiento obligatorio para el Estado, sector privado y la sociedad civil. Ordena que en plazo de 6 meses deberá contar con un Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Con las modalidades de APP y de Obras por Impuestos buscan disponer el financiamiento local y externo para prioritariamente satisfacer al gran tejido empresarial y para el mercado de capitales, para debilitar los derechos laborales, revisando y adecuando el marco regulatorio a favor de las empresas y el Estado.

Buscan generar un ambiente de negocios favorable a las grandes empresas privadas, principalmente extractivas. Facilita la inversión privada “solucionando” la superposición de actividades mineras, de hidrocarburos y agricultura.

Profundiza las medidas del servicio civil que afecta los derechos laborales. Busca acelerar la resolución de las demandas laborales para favorecer al empleador, y con lucha anticorrupción sin afectar el modelo de contrataciones y App que son fuente de corrupción. Estas políticas se ven reflejadas en los siguientes proyectos en curso.

MINERÍA: Las grandes empresas mineras pretenden organizar el territorio, simulando ser “clúster productivos innovativos” cuando imponen formas neocoloniales. En el uso de los recursos (agua, suelo, etc.), violentan los derechos de la población comunera, pequeños agricultores, etc. El Perú pierde base nacional productiva propia, supeditándonos al flujo del mercado externo.

Para algunos de los principales proyectos mineros a ejecutarse, se amplían beneficios de las grandes mineras, reapropiándose la gestión del territorio como si fueran directos propietarios y entregando la renta a sus casas matrices, disminuyendo sus aportes tributarios en el Perú. Es el régimen de la Colonia.

AMAZONÍA: Plantean hacer una hidrovía de 2,500 km, a través de los ríos Huallaga-Marañón-Ucayali-Amazonas, sin consulta previa de los pueblos indígenas. Diversos estudios científicos denuncian que se destruirá considerablemente los ecosistemas (técnica del dragado, etc.) y hábitat de las especies amazónicas, así como la flora. Así se promueve el uso del feble suelo amazónico para la actividad forestal.Para plantar palma aceitera se alienta la deforestación y la migración de especies a las zonas más altas. Al no poderse reutilizar la tierra empleada, convertirán a la Amazonía en un lugar masivo de sembríos de hoja de coca, con destrucción de la diversidad biológica que es una riqueza nacional. Se afectará el decisivo aporte de la Amazonía peruana al cuidado mundial global de los ecosistemas ante el calentamiento global.

ENERGÍA: Petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Dando en concesión a los privados las principales reservas petroleras y gasíferas hasta la extinción del recurso, como propiedad efectiva y con un pago irrisorio de regalías (5%). Trabas a la producción petrolera y a la integración vertical de Petroperú. Entrega de hectáreas del mar, afectando la pesca nacional y la soberanía alimentaria. Bloqueo de un Plan Nacional en la exportación del gas como fuente energética y petroquímica. Mantención del ilegal y saqueador contrato de exportación del gas de Camisea a México, perdiendo 20 mil millones de dólares. Abandono de una política de Energías Renovables y de protección ambiental, impulsando el fracking destructor de ecosistemas. Obstrucción al Gasoducto Sur Andino y a la implementación del Polo Petroquímico del Sur, que puede hacerse en acuerdo con Bolivia y la Ruta de la Seda de China.

INDUSTRIA Y AGRICULTURA: No contempla ni promueve invertir en industria nacional descentralizada como siderúrgica, plásticos, textil, alimentaria, pesquera, etc. El impulso de la industria y agricultura nacional debería ser la base de la productividad, que tiene la mayor cantidad de trabajo y se vincula con las mypes y comunidades, pero es quebrada al promover la importación de alimentos y otros bienes a través de los clúster internacionales, direccionados a las grandes y medianas ciudades y sus sistemas de comercialización usureros. Abandono de la mayoritaria agricultura pequeña, comunal, familiar y cooperativa, la que debería estar más bien destinada a cubrir la demanda nacional. Abandono de la pesca como fuente de industria y alimentación nacional, la cual es orientada al mercado mundial, afectando las especies y la alimentación nacional, para desmantelar esta actividad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y TRABAJO: Infraestructura y servicios públicos (agua, gas domiciliario, educación, etc.) serán privatizados, segmentados y precarios para la mayoría de la población, a través de la generalización de la modalidad corrupta de las APP, para entregar los ingresos tributarios a empresas privadas a través de las diversas modalidades de corrupción que azota al Perú (obras por impuestos, concesiones, APP, etc.). Recorte de derechos laborales reconocidos por la OIT: vacaciones, negociación colectiva, sindicalización, facilitación del despido arbitrario sin derecho a la reposición. Condena de la mayor fuerza productiva (jóvenes) a la informalidad, subempleo y precariedad.

(El presente artículo se redactó conjuntamente con la participación de Alejandra Dinegro y Jorge Chumpitaz).

Extraído del diario UNO, 13/1/19

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