Escribe: Alberto Manzanares
Jueves, 18 de Octubre del 2018
Los tiempos políticos se concentran y aceleran. El sistema, trabaja por la impunidad general –amagues y asustones de por medio-. Busca desviar, capear el temporal y renovar sus desgastados figurones.

La imagen de Alberto Fujimori, haciéndose selfie y diciendo «no me dejen morir en prisión» y «no doy más», pretende invertir las cosas. Fujimori es ahora la víctima―enferma, cancerosa, envejecida―, de gente inhumana que no dimensiona la magnitud de su tragedia y de su dolor. La prensa concentrada, impulsó esa victimización durante varios días. Pero no solo ella.

Antes, debemos remarcar esto: Si una persona en prisión, sobre todo mayor, padece una enfermedad grave, debiera solicitarse un Indulto Humanitario. Fujimori no calificó. Todo lo demás es historia conocida.

Ha sido tal la repercusión de aquella imagen doliente, que un abogado como Ronald Gamarra, sugería –apenas se diera el fallo del Poder Judicial- que el Congreso tiene la palabra. Sin terminar aun de defender tal fallo, que vivía la embestida mediática, pasó a sugerir una solución política. De modo tal que, bajo una Ley salomónica, Fujimori regrese a casa (Carlos Basombrío tuiteó hablando del dolor de corazón que le provocaba el regreso de Fujimori a prisión). Bueno pues, la ley está en curso.

¿Qué piensa ahora Gamarra? ¿Con qué cara va a ir donde los familiares, cuya lucha de décadas, e incluso la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, él dijo apoyar? Es cierto que Gamarra, en una entrevista ya por la tarde, intentó arreglar el asunto. Pero su posición ya había salido clara y rotunda.

Gamarra decía lo que dijo mientras tenía al frente a Juan Sheput, en televisión. Éste, por su parte, afirmaba que ahora sí cabía un indulto por parte de Martín Vizcarra hacia Alberto Fujimori. Que el anterior, el de PPK, tuvo el defecto de no haber sido consultado a los familiares. Que lo habían desoído de sus justos consejos.

Hay que decirle a los familiares la verdad: la denominada Comunidad de los Derechos Humanos, está mutando de piel, puesto que tiene varias. La logística y la rentabilidad se habrían desplazado a otros rubros. La buena nueva, el cambio de giro, los trajo Diego García Sayán, en momentos en que salíamos a las calles a tumbarnos aquel indulto, que fuera fruto de una oscura componenda (Para el diario La República, resulta ahora que se trató solo de un «indulto confuso»).

García Sayán afirmaba que el problema del indulto fue eso mismo que dice Juan Sheput, ahora escudero de Martin Vizcarra y ayer de Toledo y de PPK. O sea, el no habérselo consultado a los familiares. El no haberles puesto al corriente de que liberarían al verdugo de sus hijos. El asunto se reduciría a un tema comunicativo, a un aviso, a poner en autos.

Y, en todo caso, para Sheput, a un tema de catarsis o descarga emocional. Es decir, ¿que lloren y clamen todo lo que puedan, pero deberán aceptar los hechos consumados de la impunidad? ¿Y porque ademas les compraran esos reclamos con algo de dinero? Hay pues una similitud de lenguaje y conceptos. Y lo hay porque se trasluce un sórdido pacto de impunidad. Porque, tras bastidores, acatan directivas y orientaciones de largo alcance, en aras de la estabilidad de su sistema.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume –el mismo que operó por la liberación de Ollanta Humala-, por su parte, decía que no todo estaba perdido (para Alberto Fujimori). Daba el consejo y la asesoría de que todavía faltaba un recurso de apelación, y que en última instancia, podían interponer un Habeas Corpus. Hay pues una conspiración en marcha. Están dispuestos a hacer escarnio de lo que se vanagloriaban: Democracia, Derechos Humanos, institucionalidad, memoria, justicia, etc.

Claro que hubiésemos querido que el Perú hubiera vivido un proceso de amnistías y reconciliación nacional. Su sentido lo teníamos bien precisado y delimitado. Que el Perú, en aras de hacerse viable, volteara la página de la guerra interna vivida. Y más aun, cuando la subversión había sido derrotada. Eso, por supuesto, no habría eximido de cumplir sus penas a quienes debieran asumir por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, ni el Estado, ni sus Fuerzas Armadas, ni ningún gobernante, empezando por Fernando Belaunde Terry, ni el PCP-SL, ni el MRTA hicieron nunca una reflexión concienzuda y autocritica, sobre lo ocurrido. El Estado, la república que nos rige a espaldas del pueblo por casi 200 años, no asumió su responsabilidad en el conflicto. Ni por las condiciones seculares de marginación, opresión y humillación que seguimos viviendo.

Ha primado la impunidad. En todo caso, quienes han venido pagando han sido los del bando insurgente. Una impunidad que radiografía y desnuda, al mismo tiempo, el perfil de psicópatas ―opinión contundente e indignada de una psicóloga social― de quienes nos han gobernado y dirigido. Para éstos, el dolor y la tragedia no son aquellos que han vivido las poblaciones o personas exterminadas, masacradas, cochebombeadas, puestas en picas, dinamitadas, no. Las víctimas han sido ellos mismos, los líderes hoy «viejitos» y cancerosos.

La fiel acompañante de esta impunidad ha sido la mentira, el revisionismo histórico, el acomodo de lo dicho y perpetrado, descargándolo sobre chivos expiatorios. El señor Abimael Guzmán, por ejemplo, terminó cerrándose en sus trece diciendo que él no tiene nada que ver ni con Lucanamarca ni con Tarata. Que no tuvo nada que ver con María Elena Moyano. Y, el historiador Antonio Zapata, en pared con la cúpula de SL, con quien hizo buenas migas, salió a decir (mientras se realizaba el juicio de Tarara) que Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre solo inspiraban las grandes ideas. Que cada comité del PCP-SL tenía autonomía y agencia. La camarilla Guzmán-Yparraguirre por cierto, a través de su feligresía, le batió palmas.



Los aliados de la mentira y la impunidad, han estado en la madriguera y el antro del Poder Judicial. El silencio de hielo, la dilación sin fin, mora por siglos en sus vetustas oficinas y en sus invocaciones sacrosantas a los códigos que ellos prostituyen y venden. Dilaciones que esperan que esas madres suplicantes, ellas sí bañadas en llanto, en una tragedia y dolor verdaderos, se mueran de edad (o en un accidente como el caso de la viuda del periodista Bustíos).

Ollanta Humala, recordémoslo bien, con el silencio de los adalides de los Derechos Humanos, sepultó y hundió doblemente sus crímenes en el Huallaga. Alan García, por enésima vez fue limpiado de El Frontón, pese a que todo apuntaba contra él. El informe de la CVR que invirtió, grotescamente, la proporción de responsabilidades de muertes en el conflicto armado, eximio a Alan García (quien gobernaba post publicación del informe).

¿En qué lugar ponemos pues la reconciliación hacia el Bicentenario, ante tantas tumbas, genocidios impunidades, mentiras y una Justicia prostituida y podrida?

Hemos escuchado decir que, a diferencia de un enhiesto y mucho más sufrido Abimael Guzmán, Fujimori perdió su dignidad, por eso de su selfie del «no doy más». Esta es una leyenda carcelaria, bienintencionada. Una de las últimas consigna lanzadas por Abimael Guzmán consistió en jugar el juego de Martin Vizcarra: ante la pretensión golpista de Keiko y el fujimorismo, Defender el Estado de Derecho. Promotor de la impunidad, por un lado, y a la cola de una de las facciones de los sectores dominantes, por otro, Guzmán busca de cualquier manera su sacrosanta libertad. Pero, además, andaba desfasado, porque la correlación ya había cambiado y Keiko estaba contra las cuerdas

Alberto Fujimori, sin embargo, a pesar de su actitud implorante ―un hecho al fin y al cabo, humano, una cobardía expresa y sin ambages, pero que no aceptamos ni nos conduele―, tuvo un poco más de agallas. Porque defiende su pellejo de manera personal y pública. Abimael Guzmán, en cambio, se escuda en consignas políticas y se pone a cubierta utilizando a su militancia. Porque son ellos quienes ponen el pecho ante el escarnio y la vergüenza de pedir, a la vez, la libertad de Montesinos, De Bari, Los Colina y demás criminales. Es, en todo caso, una diferencia de siameses. Tan siameses que el fujimorista Carlos Tubino acaba de hacer pública la consigna de Abimael Guzmán: Lleguemos reconciliados hacia el Bicentenario.

Fujimori no es una víctima por cuya situación de prisión haya que sentirse culpable. Alberto Fujimori, al igual que Montesinos, De Bari, el Grupo Colina, es un victimario. Es un político frío, un depredador de altos vuelos de las arcas públicas (5,000 millones de dólares desaparecieron en las privatizaciones). Pero hablando de la hondura de su humanidad con la que quiere interpelarnos, solo recordemos aquel selfie cuyo telón de fondo no era una blanca cama de hospital, sino decenas de combatientes de MRTA abatidos y rematados en la embajada de Japón.

No corresponde, por otra parte, a la moral de una revolución, ni a los usos de una guerra revolucionaria, mandar a dinamitar el cadáver de un abatido. Menos el de una mujer, triplemente oprimida –pobre, mujer, negra-. Y, además, quitarle la vida cuando era una persona inerme, que como madre soltera vivía rodeada de sus hijos, y en una desventaja absoluta. (Claro, Abimael Guzmán como burócrata insensible va a decir, donde esta la orden que firmé).

Lo mandó a hacer porque Moyano era una «revisionista». Y para consumar esa acción de odio le pegaron el sambenito de ratera y soplona. La mandó a asesinar porque tenía una influencia en las masas y era una traba (hay testimonios de varios casos similares de voladura de cadáveres de «revisionistas» que, por eso mismo, debían obedecer a una orientación general, no a decisiones particulares de mandos).

Y, sin embargo, con Yparraguirre, pasaron a descargar responsabilidades en quienes perpetraron de manera directa el crimen político contra Moyano, profiriendo un ¡jamás!, porque ellos mas bien andaban exigiendo ajustarse estrictamente a los convenios de Ginebra. Que era imposible que tuviesen algo que ver, como le dijeron a la CVR, porque ellos habían tenido una solida formación cristiana. Caretas, poco después, realizó un informe especial a Yparraguirre (por el 2006), y le publicó una foto de niñez donde está orando con un rosario en la mano. ¿Qué les parece?

Muy bien, quien tiene el derecho a reivindicar a Fujimori, condolerse por él, es el establishment, porque se siente bien servido. Y, por cierto, su propia familia. A nosotros nos conduelen sus víctimas. Estamos con ellas. La propia Ley del congreso, que Gamarra sugirió, es posible que cuente con el apoyo de los otrora incendiarios, en aras de la reconciliación sustentada en la impunidad (y en su propia capitulación). Y todo esto, sobre todo, cuando se agitan las masas en función de un cambio profundo en este país golpeado, atacado, mancillado. Y si ahora, Guzmán y compañía, se vienen subiendo al coche de esta gran lucha -La lucha por una Nueva Constitución-, es porque consideran que tienen ahí algo para negociar con el gobierno y el sistema. Algo que ofrecer, algo que vender en aras de sus libertades.

La Ley de la 'reconciliación' impune la propuso la señora Jenny Vilcatoma. La empujó Martín Vizcarra a través de la bancada PpK (y las izquierdas parlamentarias, mudez total porque todo lo reducen al fujimorismo). Se sumó Cesar Acuña. Y, finalmente, el Apra y el Fujimorismo (ala Keiko en pleno y demás). Pero, del mismo modo que los de PpK sacaron el cuerpo luego de haber votado por la Ley de bicameralidad, sacaron el cuerpo de esta Ley de la impunidad. Martín Vizcarra y la bancada que maneja en común con Pedro Pablo Kuczynski, muestra una actitud fluctuante, reptante y mamarrachenta.

Vizcarra, que todo lo convierte en psicosocial, ha hecho pausa, suspense, para darle un final de infarto a su posición sobre la Ley malhadada. Juega el juego peligroso de generar y capitalizar hechos para subir en las encuestas. Es como si un exceso de Zacapa ―nótese esa voz honda de bebedor― le llevara a confundir un poste de alta tensión, al cual quisiera trepar, con un árbol con abejas y panal

¿A qué juega pues, finalmente, la «colectividad de los Derechos Humanos» enredada en este oscuro desaguisado? O, en todo caso, a qué juegan algunas de sus figuras más visibles ¿A una supuesta reconciliación hacia el Bicentenario, donde los forajidos ex presidentes no vayan a prisión, y donde los genocidas y criminales de guerra, salgan de paseo a Larcomar sin haber asumido ninguna autocritica, ni perdón, ni nada? ¿Y a cambio de qué?

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