Escribe: Sandro Westphalen
Domingo, 08 de Setiembre del 2019
Aquí la segunda parte sobre el gran psicosocial que ha posibilitado que Martin Vizcarra y parte del establisment escamoteen el clamor por una Asamblea Constituyente (vt).

«Siga, siga señor presidente…..», claman las izquierdas pequeño burguesas de Nuevo Perú y Frente Amplio, habituadas a que sean otros quienes saquen las castañas del fuego. Su adhesión ovejuna a los mandatos del presidente accidental, pretenden, se debe a la firme lucha anticorrupción que aquel lidera.

En la Parte I de esta serie mostramos que, respecto al clave asunto entre corruptor y corrupto, el esquema o estrategia del Estado Peruano quedó roto y desacreditado. Protegió, mafiosamente, a Odebrecht la parte corruptora y la que se ha llevado la parte del león. Su corolario fueron las revelaciones sobre el Gasoducto del Sur que dejaron a los héroes Vela/Pérez en taparrabos: solo cuatro proyectos y no los 20 y pico por los cuales Odebrecht debía responder.

El perfil vendepatria de los fiscales ―a quienes se nos presentó como héroes corajudos e impolutos―se hizo aun más palpable con lo de Chaglla donde Odebrecht vendió sus activos. Ellos, siguiendo su estrategia jurídica, se vieron en la necesidad de defender, sin rubor, la plata para Odebrecht. Vizcarra, a su estilo, sacó cuerpo y dejó en la estacada a los fiscales a los cuales digita. De momento, la solución fue simple para dejar tranquilos a sus dos operadores: pagaron a Ipsos que les fabrique una encuesta donde, otra vez El Pueblo ha declarado a los fiscales en taparrabos sus héroes tutelares. Asunto resuelto.

Lo del Gasoducto, sin embargo, ha pasado piola en medio de la barahúnda del Adelanto de Elecciones. Y es la constante de Martín Vizcarra: parece fruncir el entrecejo y brotarle una idea cada vez que Odebrecht está en peligro. Esa nueva jugada de tahúr cambió el foco de atención. Porque la propia «Lucha anticorrupción», sus fiscales, procurador, jueces y su líder de derrumbaban. Hoy debiéramos estar hablando de la sustitución de los actuales fiscales, por otros verdaderamente probos que lleven la lucha de una manera consecuente. Y, más aún, debiéramos ver si los actuales debieran ser sometidos a algún tipo de juicio. Así, una mano oscura, no sólo la de Vizcarra, parece mover el tablero político y todo apunta en que es la propia Odebrecht (la sacada al fresco de Villanueva fue un aviso, para que Vizcarra pasara de largo).

Pero si pedir la devolución del dinero por Chaglla (524 millones de soles) fue grave, omitir el Gasoducto del Sur en función de defender el Acuerdo de colaboración ha sido abiertamente mafioso. El destape de los periodistas ecuatorianos conllevaba anular ese Acuerdo debido a que los colaboradores han mentido. Es cierto, solo decir verdades a medias invalida el Acuerdo de colaboración. Pero los fiscales quieren aparentar ser cabezas duras o leales a sus compromisos jurídicos, cuando Odebrecht viene burlando lo acordado. La realidad, no obstante, es terca y no hay escapatoria. Véase: Si Vela/Pérez no reconocen la inmensa verdad de que Odebrecht y Barata han omitido Gasoducto del Sur (a pesar de los ecuatorianos, a pesar del informe Bartra, a pesar de que ellos mismos lo sabían e indujeron al error al aparato judicial), entonces no se activará cláusula del contrato Estado Peruano con Odebrecht. Si se activa podemos embargar y recuperar; si no se activa, tendremos que pagar a Odebrecht US $ 2,000 millones en un juicio que nos ganará. No hay más. Así, el Equipo Especial de Lava Jato no solo rema a favor de un Acuerdo lesivo al país, sino que se encharca aún más en un terreno delictivo. Pero no solo se mueven las manos de Odebrecht y Vizcarra, sino la de los corruptos de los que, supuestamente, la «Lucha anticorrupción» apunta a liberarnos de cara al Bicentenario, etc.

Si se observa bien, el adelanto de elecciones ha salido cuando este asunto del Gasoducto se había destapado y otra vez los arrastraba a todos (cada gobierno firmó su adenda sobrevalorando cada cual más de US $1,000 millones). Luego, ha sido casi providencial la aparición de los Humala para hacerle coro a Vizcarra, pidiendo acelerar el pedido de confianza y cierre del Congreso. Pero habían ocurrido dos cosas previamente: 1) Barata salió con que no había habido coima en el Gasoducto, y los fiscales, sin chistar, lo admitieron como verdadero. Y, cómo no, La República lo publicitó de buena forma, coludiéndose por enésima vez con Odebrecht. 2) El Poder Judicial, rechazó admitir las Agendas de Nadine Heredia para el caso del Gasoducto del Sur. Ahí hay pelos y señales de pagos de Barata a la pareja presidencial. ¿Y Gorriti e IDL-Reporteros?, silencio. ¿Eso podría explicar también el silencio que cubrió estos últimos meses a Verónika Mendoza, quien, al igual que Ollanta Humala, salió no se sabe de dónde a jugársela por el presidente accidental?

La explicación de todo esto no es pues que Vizcarra y su red busquen la verdad y encarcelar corruptos, aunque sea sacrificando los miles de millones que Odebrecht debiera resarcir. No. El asunto de fondo es que proteger a Odebrecht es asegurar su propia existencia (la de Vizcarra y sus aliados) y sus propósitos a futuro. Solo con un entendimiento bajo la mesa con la firma brasileña, pudo lograr ―como lo viene haciendo― que Barata dispare contra determinados corruptos o determinados adversarios, mientras mediatice o se mantenga mudo respecto a otros.

Que hable, pero señalando a quien convenga, ha sido el motivo clave de las pugnas tanto en la Fiscalía como al interior del Poder Judicial. Tener al frente a Pablo Sánchez (aliado de Toledo, Humala, PPK y hoy Vizcarra) o a Pedro Chávarry (aliado del fujimorismo) en la Fiscalía, explica la ferocidad de la pugna. Apoyándose en Pablo Sánchez y el entorno de las ONG de Soros, Vizcarra en el poder, viene ganando terreno.

El que Vizcarra y sus aliados ganen terreno al amparo de la «Lucha anticorrupción», no significa ni por asomo que los sustente la verdad, ni incluso la legalidad (como veremos luego). No tienen ni la verdad, ni la legalidad, pero tampoco la legitimidad social. ¿Las mediciones de Ipsos ―la misma encuestadora del golpe de 1992―, legitiman a Martín Vizcarra y su cada vez más deslegitimada «lucha contra la corrupción»? ¿A quiénes representan NP y FA? ¿A quiénes representan las ONG sino a sus sueldos pagados por Soros y a sus adicionales sueldos jugosos o consultorías millonarias con el Estado que como mamaderas obtienen de nuestros bolsillos? ¿La CGTP representa al proletariado peruano? ¿Y el Sutep de Patria Roja, representa a los maestros? ¿Es legítimo invocar el apoyo de los gobiernos regionales, cuando Vizcarra les abre el caño de los presupuestos públicos? Sin duda, Martin Vizcarra se las trae. Y bajo sus psicosociales y acciones tremebundas no auguramos nada bueno para el pueblo.

A estas alturas, el asunto no es ni debe ser, ni por asomo, apoyar a un supuesto mal menor. Como gobernante, además, Martin Vizcarra se ha revelado como un cero a la izquierda. Nulo, manam.

(Continuará)

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