Escribe: Carlos Marx
Miercoles, 08 de Agosto del 2018
Despojado de su medio de vida, el vagabundo, sorprendido en la reiteración de su "crimen", luego de ser azotado, perdía una oreja y finalmente era colgado en la horca. El "mundo moderno y civilizado" ya no lo cuelga como antaño. Lo castiga con el hambre y el desamparo. (vt)

3. Leyes persiguiendo a sangre y fuego a los expropiados, a partir del siglo XV. Leyes reduciendo el salario

Los contingentes expulsados de sus tierras al disolverse las huestes feudales y ser expropiados a empellones y por la fuerza de lo que poseían, formaban un proletariado libre y privado de medios de existencia, que no podía ser absorbido por las manufacturas con la misma rapidez con que se le arrojaba al arroyo. Por otra parte, estos seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita acostumbrada de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado. Y así, una masa de ellos fueron convirtiéndose en mendigos, salteadores y vagabundos; algunos por inclinación, pero los más, obligados por las circunstancias. De aquí que, a fines del siglo XV y durante todo el XVI, se dictasen en toda Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. De este modo, los padres de la clase obrera moderna empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como a delincuentes “voluntarios” como si de¬pendiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones, ya abolidas.

En Inglaterra, esta legislación comenzó bajo el reinado de Enrique VIII.

Enrique VIII, 1530: Los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán proveerse de licencia para mendigar. Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo, devolviéndolos luego, bajo juramento, a su pueblo natal o al sitio en que hayan residido durante los últimos tres años, para que “se pongan a trabajar” (to put himself to labour). ¡Qué ironía tan cruel! El 27 Enrique VIII (36) reitera el estatuto anterior, pero con nuevas adiciones, que lo hacen todavía más riguroso. En caso de reincidencia y vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja: a la tercera vez que se le sorprenda, se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la sociedad.

Eduardo VI: Un estatuto dictado en el primer año de su reinado, en 1547, ordena que si alguien se niega a trabajar se le asigne como esclavo a la persona que le denuncie. El dueño deberá alimentar a su esclavo con pan y agua, bebidas flojas y los desperdicios de carne que crea conveniente. Tiene derecho, a obligarle a que realice cualquier trabajo, por muy repelente que sea, azotándole y encadenándole si fuere necesario. Si el esclavo desaparece durante dos semanas, se le condenará a esclavitud de por vida, marcándole a fuego con una S (37) en la frente o en un carrillo; si huye por tercera vez, se le ahorcará como reo de alta traición. Su dueño puede venderlo y legarlo a sus herederos o cederlo como esclavo, exactamente igual que el ganado o cualquier objeto mueble. Los esclavos que se confabulen contra sus dueños serán también ahorcados. Los jueces de paz seguirán las huellas a los pícaros, tan pronto se les informe. Si se averigua que un vagabundo lleva tres días seguidos haraganeando, se le expedirá a su pueblo natal con una V marcada a fuego en el pecho, y le sacarán a la calle con cadenas o empleándole en otros servicios. El vagabundo que indique un pueblo falso será castigado a permanecer en él toda la vida como esclavo, sea de los vecinos o de la corporación, y se le marcará a fuego con una S. Todo el mundo tiene derecho a quitarle al vagabundo sus hijos y tenerlos bajo su custodia como aprendices; los hijos hasta los vein¬ticuatro años, las hijas hasta los veinte. Si se escapan, serán entre¬gados como esclavos, hasta la dicha edad, a sus maestros, quienes podrán azotarlos, cargarlos de cadenas, etc., a su libre albedrío. El maestro puede poner a su esclavo un anillo de hierro en el cuello, el brazo o la pierna, para identificarlo mejor y tenerlo más a mano. (38) En la última parte de este estatuto se establece que ciertos pobres podrán ser obligados a trabajar para el lugar o el individuo que les dé de comer y beber y les busque trabajo. Esta clase de esclavos parroquiales subsiste en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XIX, bajo el nombre de roundsmen (rondadores).

Isabel, 1752: Los mendigos sin licencia y mayores de catorce años serán azotados sin misericordia y marcados con un hierro can¬dente en la oreja izquierda, caso de que nadie quiera tomarlos durante dos años a su servicio. En caso de reincidencia, siempre que sean mayores de dieciocho años y nadie quiera tomarlos por dos años a su servicio, serán ahorcados. A la tercera vez, se les ahorcará irremisiblemente como reos de alta traición. Otros estatutos semejantes: 18 Isabel c.13 y 1597. (39) Jacobo I: Todo el que no tenga empleo fijo y se dedique a mendigar es declarado vagabundo. Los jueces de paz de las Petty Sessions quedan autorizados a mandarlos azotar en público y a recluirlos en la cárcel, a la primera vez que se les sorprenda, por seis meses, a la segunda vez por dos años. Durante su permanencia en la cárcel, podrán ser azotados tantas veces y en tanta cantidad como los jueces de paz crean conveniente... Los vagabundos peligrosos e incorregibles deberán ser marcados a fuego con una R en el hombro izquierdo y sujetos a trabajos forzados; y sí se les sorprende nuevamente mendigando, serán ahorcados sin misericordia. Estos preceptos, que conservan su fuerza legal hasta los primeros años del siglo XVIII, sólo fueron derogados por la 12 Ana c. 23.

Leyes parecidas a éstas se dictaron también en Francia, en cuya capital se había establecido, a mediados del siglo XVII un verdadero reino de vagabundos (royaume des truands). Todavía en los pri¬meros años del reinado de Luis XVI (Ordenanza de 13 de julio de 1777), disponía la ley que se mandase a galeras a todas las personas de dieciséis a sesenta años que, gozando de salud, careciesen de medios de vida y no ejerciesen ninguna profesión. Normas semejantes se contenían en el estatuto dado por Carlos V, en octubre de 1537, para los Países Bajos, en el primer edicto de los Estados y ciudades de Holanda (19 de marzo de 1614), en el bando de las provincias unidas (25 de junio de 1649), etc.

Véase, pues, como después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos, mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado.

No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a éstos a venderse voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. La organización del proceso capitalista de producción ya desarrollado vence todas las resistencias; la existencia constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital, y la presión sorda de las condiciones económicas sella el poder de mando del capitalista sobre el obrero. Toda¬vía se emplea, de vez en cuando, la violencia directa, extraeconómica; pero sólo en casos excepcionales. Dentro de la marcha natural de las cosas, ya puede dejarse al obrero a merced de las “leyes naturales de la producción”, es decir, entregado al predominio del capital, predominio que las propias condiciones de producción engendran, garantizan y perpetúan. Durante la génesis histórica de la producción capitalista, no ocurre aún as!. La burguesía, que va ascendiendo, pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y emplea todavía el poder del estado para “regular” los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fa¬bricantes de plusvalía, y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en el grado normal de subordinación. Es éste un factor esencial de la llamada acumulación originaria.

La clase de los obreros asalariados, que surgió en la segunda mitad del siglo XIV, sólo representaba por aquel entonces y durante el siglo siguiente una parte muy pequeña de la población, que tenía bien cubierta la espalda por el régimen de los campesinos independientes, de una parte, y de otra, por la organización gremial de las ciudades. Tanto en la ciudad como en el campo, había una cierta afinidad social entre patronos y obreros. La supeditación del trabajo al capital era puramente formal; es decir, el régimen de producción no presentaba aún un carácter específicamente capitalista. El capital variable predominaba considerablemente sobre el capital constante. Por eso la demanda de trabajo asalariado crecía rápidamente con cada acumulación de capital, seguida lentamente por la oferta. Por aquel entonces, todavía se invertía en el fondo de consumo del obrero una gran parte del producto nacional, que más tarde habría de convertirse en fondo de acumulación del capital.

En Inglaterra, la legislación sobre el trabajo asalariado, enca¬minada desde el primer momento a la explotación del obrero y enemiga de él desde el primer instante hasta el último (40( comienza con el Statute of Labourers de Eduardo III, en 1349. A él corresponde, en Francia, la Ordenanza de 1350, dictada en nombre del rey Juan. La legislación inglesa y francesa seguían rumbos paralelos y tienen idéntico contenido. En la parte en que los estatutos obreros procuran imponer la prolongación de la jornada de trabajo no hemos de volver sobre ellos, pues este punto ha sido tratado ya (capítulo VIII, 5). El Statute of Labourers se dictó ante las apremiantes quejas de la Cámara de los Comunes. “Antes –dice candorosamente un tory– los pobres exigían unos jornales tan altos, que ponían en trance de ruina a la industria y a la riqueza. Hoy, sus salarios son tan bajos, que ponen también en trance de ruina la industria y la riqueza, pero de otro modo y tal vez más amenazadoramente que antes.”41 En este estatuto se establece una tarifa legal de salarios para el campo y la ciudad, por piezas y por días. Los obreros del campo deberán contratarse por años, los de la ciudad “en el mercado libre”. Se prohibe, bajo penas de cárcel, abonar jornales superiores a los señalados por el estatuto, pero el delito de percibir salarios ilegales se castiga con mayor dureza que el delito de abonarlos. Siguiendo la misma norma, en las secciones 18 y 19 del Estatuto de aprendices dictado por la reina Isabel se castiga con diez días de cárcel al que abone jornales excesivos; en cambio, al que los cobre se le castiga con veintiuno. Un estatuto de 1360 aumenta las penas y autoriza incluso al patrono para imponer, mediante castigos corporales, el trabajo por el salario tarifado. Se declaran nulas todas las combinaciones, contratos, juramentos, etc., con que se obligan entre sí los albañiles y los carpinteros. Desde el siglo XIV hasta 1825, el año de la abolición de las leyes anticoalicionistas, las coaliciones obreras son consideradas como un grave crimen. Cuál era el espíritu que inspiraba el estatuto obrero de 1349 y sus hermanos menores se ve claramente con sólo advertir que en él se fijaba por imperio del estado un salario máximo; lo que no se prescribía ni por asomo era un salario mínimo.

Durante el siglo XVI, empeoró considerablemente, como se sabe, la situación de los obreros. El salario en dinero había subido, pero no proporcionalmente a la depreciación de la moneda y a la correspondiente subida de los precios de las mercancías. En realidad, pues, los jornales habían bajado. A pesar de ello, seguían en vigor las leyes encaminadas a hacerlos bajar, con la conminación de cortar la oreja y marcar con el hierro candente a aquellos "que nadie quisiera tomar a su servicio". El Estatuto de aprendices 5 Isabel c. 3 autorizaba a los jueces de paz para fijar ciertos salarios y modificarlos, según las épocas del año y los precios de las mercancías. Jacobo I hizo extensiva esta norma a los tejedores, los hilanderos y toda suerte de categorías obreras42 y Jorge II extendió las leyes contra las coaliciones obreras a todas las manufacturas.

Dentro del verdadero período manufacturero, el régimen capitalista de producción sentíase ya lo suficientemente fuerte para que la reglamentación legal de los salarios fuese tan impracticable como superflua, pero se conservaban, por si acaso, las armas del antiguo arsenal. Todavía el 8 Jorge II prohibe que los oficiales de sastre de Londres y sus alrededores cobren más de 2 chelines y 7 peniques y medio de jornal, salvo en casos de duelo público; el 13 Jorge III c. 68 encomienda a los jueces de paz la reglamentación del salario de los tejedores en seda; en 1796, fueron necesarios dos fallos de los tribunales superiores para decidir si las órdenes de los jueces de paz sobre salarios regían también para los obreros no agrícolas; en 1799, una ley del parlamento confirma que el salario de los obreros mineros de Escocia se halla reglamentado por un estatuto de la reina Isabel y dos leyes escocesas de 1661 y 1671. Un episodio inaudito, producido en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, vino a demostrar hasta qué punto habían cambiado las cosas. Aquí, donde durante más de cuatrocientos años se habían estado fabricando leyes sobre la tasa máxima que en modo alguno podía rebasar el salario pagado a un obrero, se levantó en 1796 un diputado, Whitbread, a proponer un salario mínimo para los jornaleros del campo. Pitt se opuso a la propuesta, aunque reconociendo que "la situación de los pobres era cruel". Por fin, en 1813 fueron derogadas las leyes sobre reglamentación de salarios. Estas leyes eran una ridícula anomalía, desde el momento en que el capitalista regía la fábrica con sus leyes privadas, haciéndose necesario completar el salario del bracero del campo con el tributo de pobreza para llegar al mínimo indispensable. Las normas de los estatutos obreros sobre los contratos entre el patrono y sus jornaleros, sobre los plazos de aviso, etc., las que sólo permiten dernandar por lo civil contra el patrono que falta a sus deberes contractuales, permitiendo en cambio procesar por lo criminal al obrero que no cumple los suyos, siguen en pleno vigor hasta la fecha.

Las severas leyes contra las coaliciones hubieron de derogarse en 1835, ante la actitud amenazadora del proletariado. No obstante, sólo fueron derogadas parcialmente. Hasta 1859 no desaparecieron algunos hermosos vestigios de los antiguos estatutos que todavía se mantenían en pie. Finalmente, la ley votada por el parlamento el 29 de junio de 1871 prometió borrar las últimas huellas de esta legislación de clase, mediante el reconocimiento legal de las tradeuniones. Pero una ley parlamentaria de la misma fecha ("An act to amend the criminal law relating to violence, threats and molestation") restablece, en realidad, el antiguo estado de derecho bajo una forma nueva. Mediante este escamoteo parlamentario, los recursos de que pueden valerse los obreros en caso de huelga o lockout (huelga de los fabricantes coaligados, unida al cierre de sus fábricas), se sustraen al derecho común y se someten a una legislación penal de excepción, que los propios fabricantes son los encargados de interpretar, en su función de jueces de paz. Dos años, antes, la misma Cámara de los Comunes y el mismo Mr. Gladstone, con su proverbial honradez, habían presentado un proyecto de ley aboliendo todas las leyes penales de excepción contra la clase obrera. Pero no se le dejó pasar de la segunda lectura, y se fue dando largas al asunto, hasta que, por fin, el "gran partido liberal", fortalecido por una alianza con los tories, tuvo la valentía necesaria para votar contra el mismo proletariado que le había encaramado en el Poder. No contento con esto, el "gran partido liberal" permitió que los jueces ingleses, que tanto se desviven en el servicio de las clases gobernantes, desenterrasen las leyes ya prescritas sobre las "conspiraciones" y las aplicasen a las coaliciones obreras. Como se ve, el parlamento inglés renunció a las leyes contra las huelgas y las tradeuniones de mala gana y presionado por las masas, después de haber desempeñado él durante cinco siglos, con el egoísmo más desvergonzado, el papel de una tradeunión permanente de los capitalistas contra obreros.

En los mismos comienzos de la tormenta revolucionaria, la burguesía francesa se atrevió a arrebatar de nuevo a los obreros el derecho de asociación que acababan de conquistar. Por decreto de 14 de junio de 1791, declaró todas las coaliciones obreras como un "atentado contra la libertad y la Declaracián de los Derechos del Hombre", sancionable con una multa de 500 libras y privación de la ciudadanía activa durante un año.43 Esta ley, que, poniendo a contribución el poder policíaco del estado, procura encauzar dentro de los límites que al capital le plazcan la lucha de concurrencia entablada entre el capital y el trabajo, sobrevivió a todas las revoluciones y cambios de dinastías. Ni el mismo régimen del terror se atrevió a tocarla. No se la borró del Código penal hasta hace muy poco. Nada más elocuente que el pretexto que se dio, al votar la ley, para justificar este golpe de estado. "Aunque es de desear –dice el ponente de la ley, Le Chapelier– que los salarios se eleven por encima de su nivel actual, para que quienes los perciben puedan sustraerse a esa sumisión absoluta que supone la carencia de los medios de vida más elementales, y que es casi la sumisión a la esclavitud", a los obreros se les niega el derecho a ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar conjuntamente y, por tanto, a vencer esa "sumisión absoluta, que es casi la esclavitud", porque con ello herirían "la libertad de sus ci–devant maîtres y actuales patronos" (¡la libertad de mantener a los obreros en esclavitud!), y porque el coaligarse contra el despotismo de los antiguos maestros de las corporaciones equivaldría –!adivínese¡–; a restaurar las corporaciones abolidas por la Constitución francesa. (44).

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36. 0 sea, ley del año 27 del reinado de Enrique VIII. La cifra que aparece en segundo lugar en las citas siguientes, es el número de orden de la ley dictada en el año correspondiente de cada reinado. (Ed.)
37. S = Slave, esclavo, en inglés. (Ed.)
38. El actor del Essay on Trade, etc. (1770), escribe: “Bajo el reinado de Eduardo VI, los ingleses parecen haberse preocupado seriamente de fomentar las manufacturas y dar trabajo a los pobres. Así lo indica un notable estatuto, en el que se ordena que todos los vagabundos sean marcados con el hierro candente, etc.” (Ob. c., p. 8.)
39. Dice Tomás Moro, en su Utopía: “Y así ocurre que un glotón ansioso e insaciable, verdadera peste de su comarca, puede juntar miles de acres de tierra y cercarlos con una empalizada o un vallado, o mortificar de tal modo, a fuerza de violencias e injusticias, a sus poseedores, que éstos se vean obligados a vendérselo todo. De un modo o de otro, doblen o quiebren, no tienen más remedio que abandonar el campo, ¡pobres almas cándidas y míseras! Hombres, mujeres, maridos, esposas, huérfanos, viudas llorosas con sus niños de pecho en brazos, pues la agricultura reclama muchos. Allá van, digo, arrastrándose lejos de los lugares familiares y acostumbrados, sin encontrar reposo en parte alguna; la venta de todo su ajuar, aunque su valor no sea grande, algo habría dado en otras circunstancias; pero, lanzados de pronto al arroyo, ¿qué han de hacer sino malbaratarlo todo? Y después que han vagado hasta comer el último céntimo, ¿qué remedio sino robar para luego ser colgados, ¡vive Dios!, con todas las de la ley, o echarse a pedir limosna? Mas también en este caso van a dar con sus huesos a la cárcel, como vagabundos, por andar por esos mundos de Dios ron-dando sin trabajar; ellos, a quienes nadie da trabajo, por mucho que se esfuercen en buscarlo.” “Bajo el reinado le Enrique VIII fueran ahorcados 72,000 ladrones grandes y pequeño(Holínshed, Description of England, t. I. p. 186). pobres fugitivos de éstos, de quienes Tomás Moro dice que se veían obligados a robar para comer. En tiempo de Isabel, los “vagabundos eran atados en fila; sin embargo, apenas pasaba un año sin que muriesen en la horca 300 o 400”. (Strype, Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other Various Occurrences in the Church of England during Queen Elisabetb's Happy Reign, 2 ed. 1725, t. II.) Según el mismo Strype, en Somersetsbíre fueron ejecutadas, en un solo año, 40 personas, 35 marcadas con el hierro candente, 37 apaleadas y 183 “facinerosos incorregibles” puestos en libertad. Sin embargo, añade el autor, “con ser grande, esta cifra de personas acusadas no incluye 1/5 de los delitos castigados, gracias a la negligencia de los jueces de paz y a la necia misericordia del pueblo”. Y agrega: “Los demás condados de Inglaterra no salían mejor parados que Somersetshire: muchos, todavía peor.”
40. “Siempre que la ley intenta zanjar las diferencias existentes entre los patronos (masters) y sus obreros, lo hace siguiendo los consejos de los patronos”, dice A. Smith. “El espíritu de las leyes es la propiedad”, escribe Linguet.
41. Sophisms of Free Trade, by a Barrister, Londres, 1850, p. 206. Y añade, maliciosamente: “Nosotros hemos estado siempre dispuestos, cuando de ayudar al patrono se trataba. ¿No se podrá ahora hacer algo por el obrero?”
42. De una cláusula del estatuto 2 Jacobo I, c. 6, se infiere que ciertos fabricantes de paños se arrogaban el derecho a imponer oficialmente la tarifa de jornales en sus propios talleres, como jueces de paz. En Alemania, abundaban, naturalmente, los estatutos encaminados a mantener bajos los jornales, sobre todo después de la Guerra de los Treinta años. "En las comarcas deshabitadas, los señores padecían mucho de la penuria de criados y obreros. A todos los vecinos del pueblo les estaba prohibido alquilar habitaciones a hombres y mujeres solteros, y todos estos huéspedes debían ser puestos en conocimiento de la autoridad y encarcelados caso de que no accedieran a entrar a servir de criados, aun cuando viviesen de otra ocupación, trabajando para los campesinos por un jornal o tratando incluso con dinero y en granos. (Privilegios y Sanciones imperiales para Silesia, I, 125.) Durante todo un siglo, escuchamos en los decretos de los regentes amargas quejas acerca de esa chusma maligna y altanera que no quiere someterse a las duras condiciones del trabajo ni conformarse con el salario legal; a los señores se les prohíbe abonar más de lo que la autoridad del país señala en una tasa. Y, sin embargo, las condiciones del servicio son, después de la guerra, mejores todavía de lo que habían de ser cien años más tarde, en 1652, los criados, en Silesia, comían aún carne dos veces por semana, mientras que ya dentro de nuestro siglo había distritos silesianos en que sólo se comía carne tres veces al año. Los jornales, después de la guerra, eran también más elevados de lo que habían de serlo en los siglos siguientes." (G. Freytag.)
43. El artículo I de esta ley dice así: "Como una de las bases de la Constitución francesa es la abolición de toda clase de asociaciones de ciudadanos del mismo estado y profesión, se prohíbe restaurarlas con cualquier pretexto o bajo cualquier forma." El artículo IV declara que si "ciudadanos de la misma profesión, industria u oficio se confabulan y ponen de acuerdo para rehusar conjuntamente el ejercicio de su industria o trabajo o no prestarse a ejercerlo más que por un determinado precio, estos acuerdos y confabulaciones... serán considerados como contrarios a la Constitución y como atentatorios a la libertad y a los Derechos del Hombre, etc."; es decir, como delitos contra el estado, lo mismo que en los antiguos estatutos obreros. (Révolutions de Paris, París, 1791, t. VIII, p. 523.)
44. Buchez et Roux, Histoire Parlamentaire, t. X, p. [193s] 195.

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