Escribe: Sandro Westphalen
Viernes, 14 de Junio del 2019
Vamos a ir evaluando o auditando el papel de las ONG como IDL que, mediante agenda propia y coordinada con el gobierno, viene imponiendo parches al sistema jurídico-político, pero no precisamente en aras de avances democráticos.(vt)

En efecto, si de cambios jurídicos en pro de avances democráticos y de derechos ciudadanos se trata, esta necesidad debería llevarnos en el Perú a un cambio constitucional. A una Nueva Constitución, que liquide casi 30 años de neoliberalismo.

Con ello se irían al tacho todos los viejos partidos, carcomidos por los males ya remarcados: Su papel en la sobreexplotación del hombre peruano, su consuetudinario carácter vendepatria y su esencia corrupta.

Para tal cambio se necesita una nueva legitimidad, una legitimidad verdadera. Esa legitimidad sólo puede lograrse articulando un gran movimiento de masas en pro de una Nueva Constitución. En función de ello están por ejemplo, los foros y asambleas de los Frentes Regionales.

Pero están también y sobre todo las luchas del pueblo que, cotidianamente nos muestran que la Constitución de 1993 es el padrastro de todos los abusos. La actual lucha de los pescadores del norte peruano, contra los decretos de Martín Vizcarra que entregan el Mar del Norte a las fauces de los consorcios petroleros, es un ejemplo.

Para los parches constitucionales en marcha se necesitan, en cambio, de otras herramientas y otros métodos. Uno de ellos es, por ejemplo: "a quién ponemos como chivo expiatorio de los desmadres y fracasos del modelo; a quiénes les lanzamos a los fiscales y jueces, de modo que siga el festín". Es muy gráfico que la burocracia dorada del Poder Judicial venga siendo comprada por el Ejecutivo con aumentos de sueldos insultantes, aún más de lo que ya lo son.

Para esa falsa legitimidad están también las encuestas contratadas por el gobierno. Están los psicosociales de la prensa concentrada y, por cierto, el papel de las ONG impolutas. Tan impolutas, que Susana Villarán fue presidenta de la más representativa de ellas: el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Pero el ala más notoria y famosa de esta ONG, remunerada por George Soros, es IDL-Reporteros. La regenta el otrora periodista de investigación Gustavo Gorriti, hoy operador mediático y probable masa encefálica de los psicosociales de cuya fuerza y eficacia, Vladimiro Montesinos envidiaría o felicitaría.

Haremos de abogados del diablo a ver si IDL pasa la prueba del sentido común y de la lógica. Claro, no somos abogados, ni nos interesó nunca serlo. Veamos de qué modo un abogado de este consorcio IDL, Juan José Quispe, aborda el tema de Keiko Fujimori:

“Y usted sabe que el TC, que como en el caso de Ollanta Humala ya tiene una posición bien marcada sobre lo que es la prisión preventiva. Lo que ha hecho la defensa de Fujimori es, si falla por algún motivo el Poder Judicial con el asunto de la casación, existe la otra vía que es el TC” (Entrevista del diario UNO, 13/06/19).

Agrega:

“Para ello tienen preparada una acción de amparo para presentarla ente el TC, que le daría la libertad a Keiko Fujimori según el antecedente de Ollanta Humala, al considerar que la prisión preventiva es la última ratio de todo procesado”, explicó.

“Es una estrategia que ha empleado la defensa de Keiko Fujimori, para que de todas maneras, Keiko salga libre, vía el Poder Judicial o vía el Tribunal Constitucional”, dijo enfáticamente.

Preguntamos: ¿tal abogado está dando cuenta de su postura jurídica ante quién? Véase que, a partir de su cercanía con el poder de turno, no sabe respetar las formas. No está charlando en algún café de San Isidro, aleccionando a algún juez de Lava Jato , sino está declarando ante la prensa. Nótese lo que afirma:

“Pero, de no ser así, está cantado que la Corte Suprema puede variar la prisión preventiva y disponer la libertad de Keiko inmediatamente, y si no es así y los audios siguen saliendo, ahí está la vía del Tribunal Constitucional”.

En este último punto, estaría dejando entrever el plan del Gobierno-IDL. Es decir, si los audios siguen saliendo (audios que pasan por un tubo de la Diviac a Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros), se podría abortar una sentencia favorable a Keiko en segunda instancia, que por ahora está "cantada".

Ahora bien, ¿Por qué esta cantada la liberación de la Fujimori se preguntara el lector? Lo responde el mismo abogado: Porque hay de por medio una casación. Esto es, un recurso que podría obtener un fallo de que se atentaron contra sus derechos al decretarsele prisión preventiva.

Nótese que Humala-Heredia fueron liberados, aún cuando había incriminación directa de recibo de "aportes" de Odebrecht y coimas. Incluso había pruebas de su utilización para enriquecimiento personal, que no es el caso, hasta hoy, de la Fujimori. Pero en esa liberación, la de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ni IDL ni Gustavo Gorriti saltaron hasta el techo, ni hablaron de impunidad, ni nada.

Pues eso mismo que ayer taparon, está siendo usado legalmente por la defensa de Fujimori para pedir su liberación. Y sin embargo el abogado de IDL se araña. O sea, para mis amigos todo, para mis enemigos la Señora Ley.

Este abogado de IDL, aparte de llamar o avisar que saldrán más audios, "se acuerda" de que el Tribunal Constitucional, el cual sí o sí liberaría a Keiko, ya terminó su mandato. Remarca con especial cuidado: "incluido su presidente". Claro Ernesto Blume Fortini, fue quien le hizo el alto a Martín Vizcarra y su medida de "respeten la esencia o cierro el Congreso". En buen romance, el presidente del TC dejó en off side a Vizcarra y le dijo entre líneas: o respetas la ley o serás un golpista más.

O sea, el abogado de marras está indicando, por dónde vendrá la campaña de La República, El Comercio, RPP, diario UNO, América TV, etc., para desconocer o abortar una resolución de esa instancia suprema, el TC, si favoreciera o apuntara a liberar a Keiko Fujimori. Es decir, la Diviac y Gorriti, deben estar ya preparando nuevos audios.

Y, finalmente, esto ya es de antología, porque no es una simple "Fiscalización, seguimiento y propuestas de políticas públicas", según declara como sus objetivos IDL en su sitio web. Se parece mucho a una conspiración política:

“Precisamente, la defensa de Keiko libera a un procesado aplicando esa casación. Por ello, la Corte Suprema va a aplicar ese antecedente, salvo la presión mediática que los haría retroceder, puntualizó.

De antología, porque no solo llama a 1) soltar más audios, sino a 2) preparar municiones para apuntar contra el TC y finalmente, 3) propone más presión de la prensa a través psicosociales para impedir una eventual liberación de la Fujimori.

Eso es IDL hoy. Estos son los "anticorruptores" y violadores flagrantes de su propio ordenamiento constitucional. Qué pena por esos chicos profesionales y honestos, que trabajan ahí.

VTv

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